Como organizaciones de la sociedad civil que hacemos seguimiento desde el exterior a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, queremos llamar la atención sobre medidas del gobierno colombiano que pueden poner en peligro la puesta en marcha del Acuerdo, principalmente en lo relacionado con la política de tierras y la Reforma Rural Integral.

Consideramos que el Acuerdo de Paz logrado entre el gobierno colombiano y las FARC es un avance fundamental para superar la violencia política y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales, especialmente en las regiones más impactadas por el conflicto armado. Por tanto, la implementación oportuna y transparente del Acuerdo es de la mayor importancia. El cumplimiento pleno de lo pactado es indispensable para la construcción de una paz estable y duradera, que prevenga la emergencia de nuevos actores armados y nuevos hechos de violencia.

En un momento en que debería estar avanzando la implementación del Acuerdo y de manera especial el punto sobre Reforma Rural Integral, hemos conocido con preocupación los contenidos de un nuevo Proyecto de Ley de Tierras presentado por el gobierno nacional. También hemos recibido las críticas a esta iniciativa de parte de organizaciones sociales en Colombia, quienes manifiestan que podría agravar la concentración de la tierra, permitir la legalización de tierras apropiadas indebidamente, destinar tierras de la nación a proyectos minero-energéticos y entorpecer procesos como la extinción de dominio. Todo lo anterior va en contra del Acuerdo de Paz y profundiza las desigualdades y la exclusión en el campo, que es en el fondo la causa última de las violencias.

Por lo tanto, consideramos que cualquier reforma en materia de tierras, debiera como mínimo: ser coherente con el Acuerdo de Paz y con los principios generales de la Reforma Rural Integral; garantizar los plenos derechos de las víctimas del conflicto armado y del desplazamiento forzado; respetar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrocolombianas y su derecho a la consulta previa, libre e informada; involucrar de manera participativa a las organizaciones campesinas en los territorios; y atender las desigualdades de género que persisten en el mundo rural y que afectan a las mujeres en cuanto a acceso a tierras y otros activos productivos.
Observamos que ninguno de estos principios elementales está recogido en la Ley de Tierras propuesta por el gobierno. La comunidad internacional ha respaldado decididamente el Acuerdo de Paz logrado en Colombia. Por tanto, vemos con preocupación las demoras en la implementación y pleno cumplimiento de elementos esenciales de lo pactado, la falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados a ese fin, y este tipo de políticas en materia de tierras que resultan abiertamente contradictorias, tanto a la letra como al espíritu del Acuerdo.

Consideramos fundamental que el gobierno colombiano ofrezca todas las garantías para el actual proceso de consulta previa en torno al proyecto de tierras mencionado, se respeten los cronogramas acordados con las organizaciones indígenas para tal fin y se tengan en cuenta los resultados de la consulta antes de continuar el trámite del proyecto. Igualmente, que se involucre a las comunidades afrodescendientes en el proceso de consulta con plenas garantías, especialmente teniendo en cuenta que han sido marginadas de los espacios de consulta en los últimos meses.

Hacemos un llamado al gobierno colombiano y a los demás actores involucrados en la construcción de una paz estable y duradera a que garanticen la implementación oportuna y el pleno cumplimiento del Acuerdo de Paz, y de manera particular, todas las medidas incluidas en el punto de Reforma Rural Integral.

Con copia a: Guillermo Rivera – Ministerio del Interior
Juan Guillermo Zuluaga - Ministerio de Agricultura
Presidencia de la República

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