La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, las violaciones de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la comunidad residente en el proyecto Ciudadela Bolonia, ubicado en la localidad de Usme, por parte de los grupos armados ilegales asentados en la zona.

La Defensoría del Pueblo, mediante sus Alertas Tempranas, ha advertido que la localidad de Usme se encuentra en un riesgo inminente de vulneración de los Derechos Humanos, determinado por el asentamiento de grupos armados ilegales reconfigurados sobre la base de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC; específicamente, las ‘Autodefensas Gaitanistas’ (también conocidas como el ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Urabeños’), las ‘Águilas Negras Bloque Capital’, los ‘Rastrojos Comandos Urbanos’ y  ‘Los Paisas’.  Su disputa por la captación de rentas ilícitas y la expansión de los mercados de narcotráfico (en razón del valor estratégico de la ubicación periférica que comunica a Usme con la región del Sumapaz), ha sido  sistemáticamente abonada por las vulnerabilidades socio-económicas de la población, la cual concentra: personas víctimas del conflicto armado, y en situación de desplazamiento forzado, excombatientes de la antigua guerrilla Farc-EP y de los grupos paramilitares, migrantes y grupos étnicos. Tales circunstancias, aunadas a las brechas institucionales de prestación de servicios sociales por parte del Estado, repercuten en una superposición de violencias, con graves repercusiones en términos de la garantía de los derechos de la población civil. Quizá una de las más importantes deriva de la pretensión de estas estructuras criminales de brindar "alternativas de seguridad", que simultáneamente conlleva el enmudecimiento violento de las denuncias y reclamos comunitarios sobre los problemas que perturban la convivencia y seguridad ciudadana, siendo uno grave y reiterado el reclutamiento ilegal de niños, niñas y adolescentes, particularmente en acciones asociadas al narcotráfico, sicariato, el cobro de extorsiones, la vigilancia y la explotación sexual con fines comerciales.

Todas las características enunciadas previamente, sin excepción, describen el contexto del proyecto ‘Ciudadela Bolonia’, constituido en su mayoría por una urbanización de viviendas de propiedad horizontal, el cual colinda con la parte posterior del parque ‘Entre Nubes’. El fenómeno delictivo en este sector lo protagonizan las estructuras criminales a través de : i) la venta especulativa del suelo, liderada por expresiones delincuenciales  conocidas como ‘tierreros’, quienes buscando enajenar de manera reiterada los mismos inmuebles, han sido señalados de promover desplazamientos forzados y de incentivar la comisión de homicidios, y otros estados de violencia, en la zona de invasión; ii) la existencia de mercados dedicados a la distribución y expendio de estupefacientes; iii)  los riesgos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; iv) la imposición de órdenes sociales arguidas en la exclusión y la discriminación de personas señaladas como ‘indeseables’, que  han incidido de manera violenta en las formas de habitar el territorio, conminando a su desplazamiento y exterminio; iv) las acciones criminales de regulación comunitaria que buscan reafirmar los propósitos de control sobre el territorio, por medio de la generación de miedo, y mediante las amenazas, persecuciones y agresiones ejecutadas de manera individual y colectiva contra los líderes de víctimas y las personas defensoras de derechos humanos que allí residen. Estas circunstancias se materializan en los eventos que se denuncian a continuación.

1. En octubre de 2020, una líder barrial perteneciente a la comunidad AFROMUPAZ recibió un panfleto en el que se describían particularidades de su vida personal y su accionar social, y a través del cual la conminaron a no inmiscuirse en asuntos que eventualmente pudieran comprometer su vida e integridad. Hoy por hoy continúa residiendo en el sector, sin embargo, recientemente denunció la presencia de una motocicleta sin placas que convocaba e incitaba a los niños, niñas y adolescentes a subirse a otros vehículos.
2. En noviembre de 2020 se perpetró un homicidio contra el cónyuge de una de las mujeres de la comunidad, por estar presuntamente inmiscuido en dinámicas ilegales. La denuncia formal no se adelantó por el temor de la referida a las amenazas y retaliaciones en las cuales podría verse involucrada su familia.
3. El 30 de noviembre de 2020, una docente que trabajaba en el sector fue víctima de amenazas a través de una llamada telefónica, en la que se la hostigó y amedrentó, diciéndole: “aquí no necesitamos salvadores”, “aquí los callamos a las malas”, entre otras. La denuncia fue instaurada y el proceso penal se encuentra en curso.
4. En la primera semana de abril de la presente anualidad, una lideresa de la comunidad manifestó ser víctima de amenazas, motivo por el cual requirió de manera urgente desplazarse del territorio. Omitió realizar la denuncia formal so pretexto de las eventuales repercusiones.

Condenamos categóricamente estos hechos, los cuales detentan un manifiesto contenido de violencia de género, y rechazamos todas aquellas transgresiones suscitadas con ocasión del ejercicio del deber consagrado en el artículo 95 constitucional, el cual dispone el compromiso de “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica”.

Como el proceder de los grupos armados ilegales en los contextos urbanos se ha caracterizado históricamente por su mimetización entre las expresiones locales de delincuencia, y por una comisión desmesurada de vejaciones contra los derechos humanos, encontramos colegible que se encuentran comprometidos los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal de los residentes del proyecto Ciudadela Bolonia, por consiguiente, exigimos:

1. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad integral de estas amenazas.
2. A la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que diseñe e implemente estrategias efectivas de seguridad y acciones con enfoques de género, territorial y de población vulnerable, que permitan reducir las problemáticas y factores de riesgo que afectan a la localidad de Usme.
3. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que establezca políticas públicas efectivas para el desmonte de las organizaciones criminales que sistemáticamente vulneran los derechos de la población civil.
4. A la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y Utilización de niños, niñas y adolescentes, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y  a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, que fortalezca los esquemas de prevención del reclutamiento y utilización de menores, superando las inanes estrategias de capacitación.