En el marco de la cuarta Mesa por la Vida, convocada por la Procuraduría General de la Nación el pasado 7 de febrero de 2019 en el Carmen de Bolívar (Bolívar), las plataformas de derechos humanos insistieron en la necesidad de volver a convocar los espacios históricos de concertación, como son la Mesa Nacional de Garantías y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el objetivo de avanzar en una construcción participativa de una política pública integral en materia de garantías de seguridad.

La Mesa por la Vida es una iniciativa creada por medio de la Resolución 393 del 9 de julio de 2018, expedida por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, con el fin de evaluar y hacer seguimiento a la obligación del Estado de proteger de forma integral a las personas defensoras de derechos humanos y a sus organizaciones, así como de presentar recomendaciones al Gobierno.

Sin embargo, sus funciones e integrantes adquieren una duplicidad con los espacios históricos de concertación, los cuales son desincentivados y dejados de convocar por parte del Gobierno, pese a disponer de una larga trayectoria de articulación y diálogo en la construcción de lineamientos de política pública y de medidas integrales de prevención, protección e investigación. A estos dos espacios, se suma, más recientemente, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, por mandato del Acuerdo de La Habana y del Decreto 154 de 2017, en la cual tienen participación cinco delegados de la sociedad civil; y la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (Decreto 1314 de 2016).

En ese sentido, y en un contexto de constantes vulneraciones al ejercicio libre de los derechos humanos en Colombia, llama la atención que se creen nuevos espacios de interlocución que desconocen lo ya construido y buscan incidir en aspectos que no han sido concertados previamente con las plataformas de derechos humanos, de mujeres y el movimiento social.

Desde su instalación en julio del mismo año, se han realizado cuatro sesiones de la Mesa por la Vida en: i) Santander de Quilichao (Cauca, 16 de julio de 2018), ii) Apartadó (Antioquia, 23 de agosto de 2018), iii) Bogotá D.C. (23 de noviembre de 2018), y iv) El Carmen de Bolívar (Bolívar, 7 de febrero de 2019). El objetivo de esta última fue evaluar el compromiso adquirido por las distintas instancias del Estado en el denominado Pacto por la Vida de Apartadó, en el que se plasmaron 11 compromisos priorizados.

En esa línea, José Humberto Torres, delegado de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU- a la Mesa Nacional de Garantías, centró su intervención en cuatro puntos clave, en relación con los compromisos adquiridos por parte del Gobierno en la firma del Pacto por la Vida:

1. El primer compromiso del Gobierno Nacional fue el diseño participativo de una política pública de protección integral. Sin embargo, han pasado cinco meses y la ministra no ha invitado a las plataformas de derechos humanos a su despacho para cumplir este compromiso.
2. El Gobierno Nacional acordó cumplir los compromisos asumidos por el Estado en materia de seguridad y protección colectiva, y de acelerar los programas en la materia. El Procurador tiene el compromiso de hacer seguimiento a dicho compromiso.
3. El presidente Iván Duque manifestó también que modernizaría y fortalecería con recursos la Unidad Nacional de Protección para cumplir las múltiples demandas de protección, sin embargo, lo que se ha visto es todo lo contrario.
4. El Gobierno Nacional se comprometió a garantizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), pero esta sólo fue citada una semana antes de realizar la Mesa por la Vida; por lo que da la impresión que fue citada solamente para dar respuesta ante ese escenario.

Finalmente, Torres, quien también ejerce como vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), propuso establecer un cronograma para el cumplimiento de los compromisos, y el acuerdo de unos mecanismos de seguimiento y veeduría.

Por su parte, Gustavo Gallón, delegado de La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines a la CNGS, solicitó a la Mesa por la Vida reanudar las actividades plenas de la CNGS, convocada por primera vez por el Gobierno de Iván Duque el pasado 30 de enero de 2019, más de seis meses después de su toma de posesión y pese a que por medio del Decreto 154 de 2017, su periodicidad está establecida una vez al mes. En ese sentido, Gallón celebró la convocatoria de la Subcomisión Nacional de Garantías de Seguridad para el 14 de febrero en Popayán, Cauca. 

Finalmente, Franklin Castañeda, presidente del CSPP y delegado de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, -CCEEU- a la CNGS centró su intervención, principalmente, en el papel de la Fiscalía General de la Nación para el esclarecimiento de los homicidios contra personas defensoras de derechos humanos. Si bien reconoció avances en las investigaciones, señaló que los mismos son insuficientes, fundando su argumentación en los siguientes puntos clave:

1. La Fiscalía insiste en rendir cuentas por avances investigativos en casos de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, basándose en datos de una sola fuente (238 casos de Naciones Unidas) e ignora el reporte entregado por la Defensoría del Pueblo, que registra 431 casos en 3 años. Se necesita un registro único por parte del Estado.
2. La Fiscalía omite informar sobre las investigaciones de casos de homicidios a personas defensoras de derechos humanos ocurridos antes de 2016.
3. No rinde cuentas sobre las investigaciones de al menos 3.882 agresiones a personas defensoras de derechos humanos (amenaza, desplazamiento, desaparición forzada, etc.) reportados en todo el país en los últimos 10 años. 1.438 de ellas entre 2016 y 2018.
4. El esclarecimiento de un caso se da cuando existe sentencia ejecutoria. Las capturas y llamados a juicio son avances importantes, pero no son casos esclarecidos como lo presenta la Fiscalía. Se hace un llamado al conjunto del Sistema Judicial (jueces y fiscales) a garantizar acceso rápido a la justicia.
5. Hay falencias en la investigación de las causas, se necesita mayor efectividad para investigar a autores intelectuales, beneficiarios económicos y políticos de los grupos sucesores del paramilitarismo.
6. En Montes de María se ha desplazado, al menos, a 61.000 personas, les robaron sus tierras y propiedades. 14 personas (naturales y jurídicas) acumularon 26.00 hectáreas de tierras de desplazados y no han sido investigadas.
7. Entre las 431 personas defensoras asesinadas, 70 son mujeres. Su empoderamiento y liderazgo cada vez más visible está siendo callado con violencia.

A modo de conclusión y después de 8 horas de trabajo, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nacional de Departamentos, las autoridades nacionales, departamentales y municipales acordaron que:

1. Rechazan los ataques generalizados perpetrados por grupos armados ilegales contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos, cuya cifra de víctimas avergüenza al país, debilita la democracia y preocupa a la comunidad internacional.
2. Ratifican su compromiso con la defensa de la vida y la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, labor reconocida por Naciones Unidas, la Constitución Política y las Leyes.
3. Reconocen la vigencia del pacto de Apartadó, el 23 de agosto de 2018, y se comprometen a avanzar en su implementación, seguros de que es una ruta cierta para afrontar el fenómeno que afecta la vida y la tranquilidad de las personas defensoras de derechos humanos.
4. Expresan las autoridades locales y departamentales su voluntad de acatar el llamado de los órganos de control y la Fiscalía para cumplir la normatividad existente y afrontar este fenómeno criminal de manera oportuna, coordenada, con un enfoque étnico, diferencial y territorial de manos de los líderes sociales, asignando recursos e incluyendo el tema de los planes de desarrollo.
5. Manifiestan que la prevención integral de las violaciones a los derechos humanos es una tarea prioritaria para hacer frente al fenómeno de violencia que azota a los territorios. En ese sentido comprometen sus voluntades para atender de manera oportuna las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo y acatar sus recomendaciones para impedir que se sigan cometiendo crímenes contra líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, así como acompañar la implementación de la Directiva 002 de 2018 de la Procuraduría General de la Nación.
6. Reconocen la necesidad de avanzar en la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, para revitalizarla, asignándole los recursos necesarios para el cumplimiento de su misión, pasando de los esquemas individuales a los colectivos de protección en los territorios.
7. Valoran los esfuerzos del Gobierno Nacional por afrontar el fenómeno de violencia contra los líderes sociales. El Ministerio Público, la Fiscalía y los gobernadores acogen el llamado de los asistentes a la Mesa por la Vida para que el Ministerio del Interior continúe con la ruta de reformulación de una política pública de protección integral y ofrecen toda la colaboración para el éxito de ese objetivo de manera que haya presencia en los territorios.

El documento fue firmado por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el Defensor del Pueblo, Carlos Negret; la Vicefiscal General de la Nación, María Paulina Riveros; el Contralor General de la Nación, Felipe Córdoba; la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos; el Director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Carlos Camargo Assis; el Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay; el Gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado; el Gobernador de Atlántico, Eduardo Verano; el Gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Maya; y el Gobernador de Caldas, Guido Echeverry.