El comité de solidaridad con los presos políticos, seccional valle, denuncia ante la comunidad nacional e internacional, el ser una de las organizaciones en el valle del cauca que viene siendo afectado por incumplimiento en sus labores y mandato por parte de la unidad nacional de protección UNP, institución, supuestamente, encargada de velar por la protección de organizaciones sociales y de derechos humanos en Colombia.

HECHOS:

El día viernes 24 de junio del año en curso, la camioneta Chevrolet blazer de placas FZP 855, presenta fallas mecánicas, en medio de un desplazamiento propio de nuestras labores, desde ese instante se inicia una constante insistencia por establecer comunicación con la oficina de la sede regional del valle del cauca, cuando esta se logra, la secretaria de la dirección regional manifiesta que el señor FERNANDO CARDENAS, no podía atender nuestra solicitud e indica, la señora, que lo que se debía hacer ahora era llamar a la rentadora, GMW, que ellos tendrían que solucionar ese caso. De esa forma y sin mayor información trasladan a los beneficiarios una responsabilidad que no es propia de nuestro trabajo y consideramos que no lo es de los hombres de protección, tercerizados, ya que las contrataciones con las rentadoras las asume la UNP.

En horas de la tarde, después de muchos intentos, se logra que la rentadora indique el procedimiento con el vehículo, su traslado a la ciudad de Bogotá y su reparación, es ese instante donde inicia nuevamente el incumplimiento por parte de la UNP, la rentadora manifiesta que ellos no son responsables de un vehículo sustituto para nuestros desplazamiento y seguridad, que de eso da cuenta la UNP, a su vez la unidad manifiesta que es la rentadora y que quien debe autorizar eso el área de mantenimiento de carros blindados, área que hay que señalar es imposible una comunicación con ellos, cuando responden manifiestan “estar almorzando” que les vuelva a llamar, de nunca terminar el juego de trasladarse las responsabilidades entre la UNP, sede regional, área de mantenimiento blindados y la rentadora, la última respuesta obtenida fue que hasta que no se tuviera un diagnóstico del daño del vehículo no se autorizaba otro carro.

Esta situación se ha presentado en varias oportunidades con otras organizaciones que los carros asignados para su protección presentan fallas mecánicas y la UNP no soluciona nada, por estar sujeta, al parecer, a las decisiones que toman las rentadoras, en este caso GMW.

En una de las pocas respuestas obtenidas manifestaron que el día 12 del mes de julio, 19 días después que el mismo vehículo, camioneta Chevrolet FZP855, sería devuelto, ya reparado, lo cual no sucedió, mientras tanto los beneficiarios del esquema colectivo, con tres hombres de protección, 5 beneficiarios se han tenido que movilizar en transporte público, motos y bicicletas, para cumplir con sus labores, la única respuesta de la sede regional de la UNP, que nuevamente la da la secretaria, es que “no hagan una asonada por esto” cuando se le manifestó la irregularidad y el riesgo que corren los integrantes del comité de solidaridad valle del cauca, quienes vienen siendo objeto de amenazas y persecución a su labor desde el 2009.

Por último, recordamos que la unidad nacional de protección UNP ha sido objeto de llamados de atención por parte de los entes de control por el incumplimiento en sus obligaciones de proteger de verdad a las comunidades y organizaciones en riesgo.

EXIGIMOS:

Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, IVÁN DUQUE:

• Que la UNP responda de manera pronta y oportuna los requerimientos solicitados de cumplir y garantizar la protección de comunidades y organizaciones en riesgo. De igual forma que asuma su responsabilidad, ante las rentadoras de exigir una buena prestación del servicio y que esta responsabilidad no sea trasladada a los beneficiarios y hombres de protección.
• Que se les garantice la vida e integridad física a las personas beneficiarias del programa de protección, las cuales, en estos momentos, se ven obligados asumir sus actividades en medio de amenazas y persecución por parte de grupos sucesores del paramilitarismo.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos mantener un escenario de interlocución con el Estado colombiano, en el cual se le haga seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra el movimiento social, sindical y de derechos humanos en Colombia ante las amenazas de los diferentes grupos paramilitares que existen en el país y las garantías de protección que brinda, ya que esto se ha convertido en un negocio rentable.

De igual forma a que le exijan al Estado Colombiano que muestre voluntad política para desmontar el paramilitarismo en Colombia como un requisito de la paz duradera.

FUNDACIÓN COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS

Santiago de Cali, 13 de julio del 2022