La actual condición de hacinamiento carcelario que se vive en Colombia es grave, según cifras oficiales estos centros reclusorios se encontraban, para el 2012, con un hacinamiento cercano al 55% de su capacidad total; sin embargo, al mirar casos particulares se evidencian situaciones como el de la cárcel de La Tramacúa en Valledupar, con un hacinamiento cercano al 400%; la cárcel Modelo en Bogotá con un hacinamiento cercano al 155,3% -según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para 2012 la cárcel Modelo tenía capacidad de albergar a 2.907 personas y hoy cuenta con 7.422-; la cárcel Bellavista en Medellín con 217.8%; la cárcel Vista Hermosa en Cali con 229.5%; y la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta con 230% de sobre población, son los casos que más resaltan de un fenómeno que se evidencia en todo el país.

El gobierno nacional en cabeza del ministerio de justicia y del Inpec han manifestado a la opinión pública que se ha dado alta prioridad y trazado diferentes estrategias para reducir el hacinamiento, pero la insuficiencia de las soluciones planteadas evidencian una situación mucho más traumática, relacionadas principalmente con la ampliación de cupos y la disposición de algunos elementos iniciales para la construcción del negocio carcelario.  Según el sociólogo francés Loïc Wacquant, el fenómeno mundial del negocio carcelario se evidencia en: El aumento exorbitante del número de encarcelados; el crecimiento desmesurado del sector penitenciario dentro de la administración pública; el florecimiento de la industria privada de la prisión, y finalmente una justicia que se enfoca en perseguir a los sectores más desfavorecidos.

Las soluciones planteadas responden más a intereses económicos que a solucionar la crisis carcelaria, en Colombia se manifiesta en el sometimiento de cerca de 120.000 personas, prisioneros políticos y sociales a quienes aparte de condenarles a la privación de su libertad, se les condena a la privación de otros derechos como la salud, el trabajo, la familia e incluso a la vida misma.

Hacinamiento en principales cárceles de Colombia.

Bogotá cuenta 3 centros de reclusión administrados por el Inpec, con una capacidad real para albergar a 13.392 y cerca de 20.490 personas detenidas (el 20% de la población carcelaria a nivel nacional), es una de las ciudades donde la situación es altamente crítica, los rigores del encarcelamiento en estas condiciones son asumidos no solo por las personas detenidas, se suman a ellos sus familiares y comunidades cercanas, quienes también resultan siendo víctimas de esta situación: las filas interminables, los traslados, las restricciones y condiciones de visita, la impotencia ante las problemáticas de salud de sus familiares, y la escasez de recursos para garantizar el proceso jurídico son tan solo algunas condiciones que hacen parte también de la presente crisis. Por ello familiares de personas privadas de la libertad y defensores de derechos humanos hacen un llamado a la solidaridad: "¡La paz son soluciones a la crisis carcelaria¡", con esta frase, que expresa una de las apuestas del pueblo colombiano por la paz con justicia social, varios colectivos, organizaciones e individuos de diferentes sectores y territorios de la ciudad de Bogotá se preparan para iniciar varias actividades de visibilización y solidaridad con los y las reclusas de diferentes centros penitenciarios de la Capital.

Su intención es realizar una denuncia sobre las actuales condiciones de indignidad y graves violaciones a los Derechos Humanos que se viven en los centros Penitenciarios capitalinos, así como la de generar conciencia entre la población de la capital por medio de actividades artísticas y culturales

"Quienes creemos que la paz son cambios, consideramos necesario que se transformen las condiciones en que viven los y las reclusas de todas las ciudades del país, y que se resuelvan inmediatamente los problemas de hacinamiento, discriminación  e insalubridad que, entre muchos otros, representan fuertes violaciones a los derechos humanos”; manifiestan  De esta manera familiar de las personas privadas de la libertad y activista invitan a la comunidad en general a sumarse al paro nacional del 19 de agosto y a las distintas jornadas de movilización por la solución a la crisis carcelaria.