Ginebra-Bogotá, 11 de julio de 2017. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Coalición Colombiana contra la Tortura (CCCT)[1] concluyen la misión de evaluación sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por parte de Colombia para erradicar la tortura y otros malos tratos[2].

Del 28 de junio al 5 de julio de 2017, una delegación internacional compuesta por Matthew Kennis, experto especializado en la rehabilitación de las víctimas de tortura, y Helena Solà Martín, encargada de América Latina de la OMCT, acompañada por integrantes de la CCCT, mantuvo reuniones con altos representantes del Gobierno colombiano y de instituciones del Estado, representantes diplomáticos, víctimas y organizaciones no gubernamentales. La delegación también visitó el establecimiento penitenciario de Bogotá “La Picota” y se desplazó al Cauca para reunirse con comunidades indígenas, víctimas y organizaciones de derechos humanos de la región.

Concluida la misión, la delegación ha identificado los siguientes retos que persisten en tres áreas fundamentales:

El primero de ellos tiene que ver con la reparación integral de las víctimas. Se calcula que aquellas víctimas que han sufrido tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y requieren de una atención médica, psicológica, social y legal especializada superan de forma ostensible las 10.308 inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).

“En el marco de las medidas que se están adoptando para brindar atención médica y psicosocial a las víctimas registradas, nos preocupa la descoordinación entre instituciones, la falta de formación especializada de las entidades prestadoras de salud, la ausencia de medidas de rehabilitación a medio y largo plazo, y la inobservancia de los principios de integralidad y de gratuidad”, destacó Matthew Kennis.

El segundo reto está vinculado al uso de la fuerza en el marco de protestas y desalojos. En encuentros con integrantes de comunidades indígenas Nasa en los municipios de Caloto  y Corinto, pertenecientes a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), la delegación recopiló múltiples testimonios y denuncias sobre asesinatos y heridos en operativos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en los que también habrían participado efectivos del Ejército. Asimismo, afirmaron a la delegación  que el ESMAD había quemado sus cultivos en múltiples ocasiones y personas afines a los dueños de las fincas habrían sembrado minas antipersona.  

Los indígenas denunciaron un uso sistemático de armas de fuego y el empleo de armas de “letalidad reducida” como cartuchos de gas lacrimógeno disparados a quemarropa o “recalzados” (rellenados) con metralla, balines, vidrio o tornillos, como forma de represión de las acciones de reivindicación y liberación de sus tierras y territorios.

“Hemos constatado un patrón de ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial para reprimir el ejercicio del derecho a la libertad de reunión y protesta social, que se enmarca en un contexto de amenazas, amedrentamiento y agresiones contra líderes y comunidades enteras, elementos que podrían constituir tortura psicológica”, sostuvo Helena Solà Martín.

En el tercer reto, relativo a la situación carcelaria, urge la implementación de medidas para reducir el hacinamiento, que sigue en niveles alarmantes, garantizar el acceso a la prestación de servicios de salud y restringir el uso de las celdas de aislamiento. La misión valora positivamente una creciente apertura y transparencia del Ministerio de Justicia y el INPEC en el acceso y monitoreo de centros de detención por parte de ONG.

En este marco, sigue siendo motivo de profunda preocupación la ausencia de mecanismos independientes y eficaces para la investigación de denuncias de malos tratos de las personas reclusas, lo que permite las represalias y perpetúa la impunidad. “Para garantizar una inspección independiente sistemática de las cárceles y la rendición de cuentas, Colombia debe ratificar de inmediato el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura”, declaró Óscar Ramírez, representante de la CCCT.

[1] La Coalición Colombiana Contra la Tortura está conformada por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos – ASFADDES-, Centro de Atención Psicosocial –CAPS-, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – CCAJAR-, Comisión Colombiana de Juristas – CCJ-, Corporación AVRE -, Corporación REINICIAR, Corporación Vínculos, Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos – FCSPP- y la Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT-

[2] Esta actividad se inscribe dentro de las acciones de monitoreo permanente que realiza la CCCT respecto el cumplimiento por parte de Colombia de las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura (CAT), las más recientes de mayo de 2015. En este marco, en agosto de 2016, la CCCT presentó un informe de seguimiento al CAT, disponible aquí: https://goo.gl/Whxmv2