En primer lugar, nos sigue preocupando que el marco normativo internacional de la prohibición de la tortura y los malos tratos no se aplique a los episodios de violencia sexual contra mujeres, los ataques contra personas LGBTI o la persecución a personas defensoras de derechos humanos. Nos preguntamos ¿cómo es posible que, según cifras del Registro Único de Víctimas, consten solo 9.789 víctimas de tortura del total de 7.640.180 víctimas registradas?[1] ¿Cuál es el destino de las víctimas que han sufrido tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes?

La falta de conocimiento del Protocolo de Estambul, sobre todo a nivel departamental, y las posturas ambiguas respecto la legitimidad de la jurisdicción penal militar favorecen el subregistro y la impunidad. Sr. Presidente, el Comité contra la Tortura mostró preocupación porque Colombia no había proporcionado datos sobre el número de condenas correspondientes a casos de tortura y malos tratos. Ante esta falta de información, nos inquieta que los mecanismos de justicia transicional que se establezcan dejen, una vez más, a las víctimas de tortura sin justicia ni reparación.

Por otro lado, un reto estructural que sigue sin resolverse es el problema carcelario. Nos alarma la emergencia humanitaria que persiste en el establecimiento de Valledupar. Dos años después de la Tutela 282 del 2014, las autoridades carcelarias no han cumplido con el fallo de la Corte Constitucional y los operadores judiciales del Cesar no han supervisado con la diligencia debida. Ante esta situación, urgimos a las autoridades colombianas a que procedan al cierre definitivo de dicho penal.

También nos preocupan las dificultades para implementar la Sentencia T-388 de 2013 en 6 establecimientos de reclusión del país, donde se siguen reportando serias deficiencias en cuanto a la garantía de los derechos a la salud, alimentación y condiciones dignas de reclusión. La desmejora en la atención de salud para la población reclusa ha empeorado en los últimos meses, con la implementación del nuevo modelo de atención para las personas privadas de la libertad. En la actualidad, no todos los establecimientos cuentan con medicamentos, insumos, ni una red hospitalaria para la atención extramural. Ello ha cobrado la vida de varios detenidos y el incremento de jornadas de desobediencia al interior de las cárceles.

Asimismo, lamentamos la opacidad y la ausencia de mecanismos independientes de control carcelario, que se han puesto de manifiesto recientemente (febrero 2016) con informaciones que indicarían que al menos 100 personas fueron desaparecidas y supuestamente descuartizadas entre 1999 y 2001 en la cárcel Modelo de Bogotá.

 Por todo lo anterior, nuestras organizaciones instan a las autoridades colombianas a cumplir con las recomendaciones del Alto Comisionado y a implementar de manera eficaz las recomendaciones del Comité contra la Tortura, incluyendo la aceptación de la competencia para examinar casos individuales, así como la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura