La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos presenta ante  la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición un informe que da cuenta de las  violaciones de derechos humanos ocurridas en Colombia entre 1973 y 1984.

El informe está basado en diferentes fuentes de información como el archivo histórico del CSPP, sentencias judiciales, pronunciamientos  del Consejo de Estado acerca de la responsabilidad de Colombia en violaciones de Derechos Humanos, en los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos dan cuenta del contexto de represión y  violencia sobre los movimientos sociales de la época.

Los hallazgos y análisis del documento son de gran relevancia para la comprensión de un periodo marcado por un auge de luchas sociales y políticas que fueron duramente reprimidas con extrema violencia y arbitrariedad, en muchos casos justificadas en las doctrinas del enemigo interno, la lucha contra la subversión y las excesivas facultades otorgadas por el denominado Estatuto de Seguridad.

Durante ese periodo se registraron miles de violaciones a los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad del Estado y a los grupos paramilitares creados a comienzos de la década del ochenta, con promoción y quiescencia de los altos mandos militares, los cuales delegaron la “guerra sucia a tales grupos ya que no podían continuarla por sus propios medios ante las denuncias reiteradas de abusos, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que fueron calificadas como campañas de desprestigio y difamación por parte de las fuerzas armadas estatales.

Las cifras que muestra son reveladoras pues solo entre 1973 y 1984 ocurrieron al menos 40.554 detenciones siendo una de las mayores afectaciones a opositores políticos y manifestantes, seguido de despidos  laborales con 14.443 casos y  de 10.657 desalojos por la fuerza de campesino y pobladores empobrecidos.

Por otro lado relata cómo  los crímenes contra activistas y líderes sociales ya eran un problema preocupantes para la época. Según el estudio existían acciones plenamente intencionadas por parte de agentes estatales  para eliminar a estos líderes sociales. Las violaciones de derechos humanos más comunes fueron la ejecución extrajudicial de las víctimas, en número de 338, seguida por la desaparición forzada (55), la heridas en atentados (40) y la tortura (22).

También presenta un valioso análisis acerca de las violaciones de derechos humanos derivadas de las estrategias contrainsurgentes tanto militares como políticas  aplicadas desde 1978.  El derecho más afectado con ocasión de las operaciones contrainsurgentes fue la libertad personal, con 5.147 personas capturadas. Según las cifras disponibles, 129 personas fueron desaparecidas forzadamente entre 1973-1984 en el marco de operaciones militares. Así mismo se incrementaron las denuncias de ejecuciones extrajudiciales entre los años 1981 y 1984, durante los cuales se registraron 661 casos. Las operaciones militares dejaron fundamentalmente afectadas a poblaciones campesinas a través de lo que inicialmente se llamó “éxodos campesinos” hoy desplazamiento forzado, pues sólo en 1984 se registraron 6.850 personas desplazadas.

Con este informe se busca que el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación Integral construya un relato amplio y detallado sobre la violencia sociopolítica y el conflicto armado a nivel nacional durante un periodo de tiempo que cuenta con poca información documentada, se busca que contribuya a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia la reparación y las garantías de no repetición, a través del mandato de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad

Conoce el Resumen Ejecutivo aquí.