Como consecuencia de la actual crisis sanitaria declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a la pandemia por el COVID – 19, presos de todo el país inician jornada de manifestaciones pacíficas, a partir del martes 7 de abril de 2020.

Dichas jornadas, estarán precedidas por huelgas de hambre en diferentes centros penitenciarios del país, especialmente en la región Caribe,  tales como la Cárcel de Riohacha, Santa Martha, Aguachica y Valledupar, negándose a recibir alimentos durante todo el día.

Frente a estas jornadas, es importante resaltar que la no ingesta de alimentos podría generar un debilitamiento en las condiciones físicas de los internos e internas que se sumen, por lo cual es importante que se active el protocolo para la atención de huelgas de hambre, en donde se garantice el monitoreo médico, el cual evite la descompensación y afectaciones a la salud de las personas privadas de la libertad. Se recuerda que la Corte Constitucional en la sentencia T-127 de 2016 cuando se refiere al Decreto 2245 del 24 de noviembre de 2015, sostiene: “…el modelo de atención en salud para la población privada de la libertad, dispuso que este debía ser especial, integral, diferenciada, con perspectiva de género y contar como mínimo con una atención intramural y extramural, y una política de atención primaria en salud. De igual forma, que debía incluir todas las fases de la prestación de los servicios de salud, esto es, el diagnóstico, la promoción de la salud, la gestión del tratamiento y rehabilitación, así como intervenciones colectivas e individuales en salud pública”.

Recordamos que las cárceles de la región Caribe son las que más hacinamiento, a nivel nacional, tienen; muestra de ello son los centros penitenciarios de Riohacha y Santa Marta, los cuales tienen un hacinamiento superior al 300%. Urgen medidas inmediatas para salvaguardar la vida de los 1.937 internos que están allí.

Las manifestaciones se dan como exigencia al principio de igualdad dentro del decreto de Emergencia Carcelaria y Penitenciaria, anunciado por el Presidente Iván Duque, y que este sea oficializado y puesto en práctica en el menor tiempo posible, y que se incluyan los aportes presentados por el Movimiento Nacional Carcelario. Junto con lo anterior, está exigencia se suma a la preocupación de las personas privadas de la libertad, de un posible contagio masivo del virus COVID- 19, el cual sería imposible de controlar dadas las circunstancias carcelarias, en donde no es posible un aislamiento, ni una atención médica óptima.

Por último, los y las presas de todo el país, rechazan el accionar desproporcionado por parte del INPEC, el pasado 21 y 22 de marzo, en donde fueron asesinadas 23 personas y más de 80 resultaron heridas, se exigen que se investiguen y se esclarezcan los hechos.

De la misma manera, se recuerda que el derecho a la manifestación pacífica es un derecho humano contenido en las libertades de reunión y de expresión, el cual está protegido por la Constitución Política de Colombia, y merece ser tratado de manera especial debido a que representa un modo de acción cívica para la exigencia y la defensa de derechos. Por tanto, es menester que se respete el derecho de las personas privadas de la libertad a la protesta, y se garantice que por ello no habrá ninguna represaría por parte del INPEC, ni de ningún  sector del Ministerio Público.