Una consecuencia y no causa, como lo quiso presentar el vicepresidente Angelino Garzón, al expresar que lo sucedido en Barranquilla es producto del hacinamiento vivenciado en prácticamente todos los centros carcelarios del país. Tras el crónico hacinamiento –hoy cercano al 50% a nivel nacional-, pero, en algunos casos patológicos y alarmantes, cercano al 300%, se encuentra sin duda un sistema penitenciario proclive a la privatización de los derechos a la salud, la alimentación y la telefonía móvil, sólo por citar los que más quejas y denuncias tienen entre la población carcelaria, cuya siniestra perspectiva está situada en hacer del aumento de los presos, tratados como depósitos humanos, un negocio lucrativo para beneficio de empresas contratistas con intereses propios.

La Cárcel Modelo de Barranquilla, sólo por dar cuenta de un hecho muy actual, tiene una capacidad de 454 internos, pero hoy se encuentran en este centro carcelario 1123 presos. Además, el Patio 7 de esta cárcel, en donde sucedió la conflagración, tiene aproximadamente 700 presos, cuando su capacidad es en promedio de 120 internos.

Y no será la reciente reforma al código penitenciario, encarnada en la Ley 1709 de 2014, la que resuelva el problema de hacinamiento de las cárceles del país. Según lo reporta la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, FCSPP, están ingresando a las cárceles de Colombia aproximadamente 1500 personas al mes y si se toma en cuenta que la Ley contempla la salida, por medio de una selección que implica exclusiones de determinados delitos, de entre siete mil y nueve mil presos, en definitiva se trata de paliativos bastante tibios para no meterle la mano al tigre y quedar con las manos limpias, claro, por supuesto, sacrificando impunemente la conciencia sana.

Tomando en cuenta que Colombia viene instalando al pie de la letra el sistema penitenciario norteamericano, vale la pena observar lo que sucede, cuando de negocios se trata, en las prisiones privadas de los Estados Unidos. Según un informe de In the public interest, una entidad civil que reside en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizadas en los Estados Unidos, el 65% tienen garantías mínimas de número de reclusos o penalización por camas vacías. Lo anterior implica una necesaria correlación entre el aumento de la población carcelaria y los procesos implementados por operadores privados.

El informe expresa que estos operadores cobran por cada preso, entre 40 y 60 dólares al día, con lo que garantizarían los ingresos suficientes para gestionar la cárcel y recuperar el costo de su construcción. Es imposible imaginar en esta vía la tendencia a buscar mecanismos jurídicos de dilatación para garantizar la permanencia de los internos, aunque hayan cumplido la pena. Ver: El sucio negocio de las cárceles privadas en Estados Unidos.

Hoy se encuentran privadas de la libertad en Colombia personas que por cometer delitos como ir en contra del patrimonio económico o el microtráfico, engrosan los atiborrados centros carcelarios, personas que desde luego son las más pobres de nuestro contexto nacional

Lo anterior contrasta con el hecho de que, según la abogada Ingrid Saavedra de la FCSPP: “son muy pocos los criminales que llegan a la cárcel y a quienes, como es el caso de los paramilitares, a pesar de confesar delitos graves de Lesa Humanidad, les dan privilegios. Delitos como la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, prácticas sistemáticas en el país, son muy pocos, no alcanzan a ser mil de las 120 mil personas que se encuentran privadas de la libertad en Colombia”. (Ver entrevista a la abogada de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Ingrid Saavedra:

Pese a que en la Ley 1709 quedó excluido, gracias a los debates que dieron organizaciones defensoras de derechos humanos en el Congreso de la República, la privatización de la guardia, las alianzas público-privadas, a cargo de la Unidad de Servicios Especiales del Inpec, quedaron intactas. Estas alianzas público-privadas han redundado en la tercerización de los derechos a la salud, la alimentación y la telefonía móvil, con resultados nefastos.

El gobierno nacional tuvo una oportunidad inigualable de solucionar una crisis carcelaria que viene de hace dos décadas. ¿Habrá que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se visibilice las dimensiones de la crisis humanitaria y carcelaria de nuestro país? Mi respuesta es sí.

Tenemos que recordar de nuevo una verdad obvia y quizás demagógica, pero inexorable para el caso particularmente duro y tempestuoso de quienes padecen en carne propia la experiencia de la cárcel en nuestro país: señores mercaderes de los derechos humanos, la dignidad no tiene precio.