La Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia, la plataforma en la que nos integramos numerosas ONG de Valencia (España) que trabajamos por la defensa de los derechos humanos, seguimos expresando nuestro apoyo y solidaridad a la acción de retorno a las tierras de la comunidad de la vereda Pitalito, ubicada en jurisdicción de los municipios de Chimichagua y Curumaní del departamento del Cesar. Ante ustedes, mostramos nuestra preocupación y exigimos la pronta retractación del Alcalde de Chimichagua D.Amauri Villarreal Tordecilla a la orden de desalojo emitida el 8 de Julio del corriente. Esta orden significa que en cualquier momento la fuerza pública y la policía nacional procederán a cumplir la cuestionada orden proferida por el mandatario local.

Nos preocupa que, D. Amauri Villarreal recoja como suyos los argumentos expuestos por JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO para solicitar el lanzamiento y nada dice de aquellas expuestas por las familias víctimas. Valora exclusivamente las “pruebas” aportadas por el terrateniente palmicultor, mientras hace a un lado o deja de practicar las presentadas y solicitadas por la Comunidad.

La determinación del Sr. Alcalde pone en evidente riesgo a las familias de la Vereda Pitalito; desconoce el derecho que tienen las víctimas de desplazamiento forzado a retornar a sus tierras y la obligación correlativa de las autoridades de garantizar su bienestar y dignidad humana y brindar la atención necesaria para su supervivencia y seguridad.

Se vuelve a repetir lo que pasó hace tres años, en los que entes locales de Curumaní y Chimichagua voltearon la espalda a las denuncias y solicitudes de las comunidades víctimas de despojo y accedieron a las pretensiones de JUAN MANUEL FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO. Hace unos días se denunció que en un acto sin precedente, el personero de Curumaní – MAURICIO RÍOS – desistió del trámite de protección de predios de la población desplazada iniciado ante el INCODER con base en los mismos argumentos que enrostra FERNANDEZ DE CASTRO. Por su parte, el personero de Chimichagua – CARLOS ALBERTO SERRANO – desde la primera diligencia realizada en el marco del proceso de lanzamiento expuso su postura abiertamente inclinada hacia los intereses y pretensiones del terrateniente. Ahora el alcalde Villarreal Tordecilla ordena el desalojo.

La resolución emanada desde el despacho municipal pone en entredicho la efectividad de la política de restitución de tierras de la que habla el Gobierno Nacional, dejando en evidencia que las comunidades despojadas de sus tierras no contarán con garantías reales para el retorno voluntario, mientras que las autoridades locales cierren los ojos a la grave problemática del desplazamiento y las múltiples tipologías de despojo que han afectado a la población campesina del país. Para completar la cadena de coincidencias, las familias retornadas han sido informadas que los guajiros al servicio de FERNANDEZ DE CASTRO DEL CASTILLO, se encuentran en la finca aledaña del palmicultor, esperando a que la comunidad sea desalojada para ingresar de nuevo a la tierra a “protegerla”; situación que de concretarse deja en mayor vulnerabilidad a la comunidad si se toman en cuenta los antecedentes de agresión y tortura protagonizados por estos civiles armados, contra miembros de la comunidad.

Por todo ello,

Exigimos:

A las autoridades locales que valoren de nuevo la decisión tomada anulando dicho desalojo, y a las autoridades departamentales y nacionales que se pronuncien urgentemente en favor de los miembros de la comunidad de Pitalito, proporcionándoles las garantías suficientes de seguridad y permanencia en la tierra evitando así su recvitimización.

 Atentamente.

COORDINACION VALENCIANA DE SOLIDARIDAD CON COLOMBIA (CEDSALA, CEAR, CEPS, Colectivo Sur Cacarica, Entreiguales, Intersindical Valenciana)