17 Junio 2016 - 4:43pm

Estado Colombiano pide disculpas a la familia del joven José Lorenzo Taborda víctima de ejecución extrajudicial

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Sin embargo aunque existe un fallo del Tribunal administrativo que declara este asesinato como un crimen de lesa humanidad, al día de hoy ninguno de los militares procesados se encuentran privados de la libertad.

“Los asesinos de José Lorenzo aún están protegidos con el manto de la impunidad pues aún gozan de la libertad, mientras nuestros corazones soportan los embales de la muerte de nuestro ser amado” Divulgo el abogado de la defensa en el acto público tras la inasistencia de los familiares de Lorenzo Taborda al evento.

El abogado en representación de la víctima, Fernando Rodríguez Kekhan divulgo en medio del acto público las razones por las cuales  la familia no se presentó al acto que tuvo lugar en el parque principal de Monterrey, Casanare.

Nuestra primera razón es qué: “Erwin Eduardo Duarte Rojas, el ST Xavier Alfonso Franco Silva, junto con los soldados profesionales Jose Duva Aranzales Walteros y Aldiviar Amaya Alvarez deberían estar pagando sus fechorías pero como no es así no podemos creer que el Estado tenga la Capacidad de ofrecernos las garantías de Justicia, Verdad, Reparación y no repetición”

“La segunda es porque consideramos que al ser una exigencia de los Magistrados del Consejo de Estado, es decir porque una autoridad judicial lo está ordenando y no porque ella sea el resultado de un examen de conciencia del Presidente  de la República , del Ministro de Defensa, ni mucho menos del Ejército de Colombia, constituye un acto obligado y en esa razón seguramente se pretenderá silenciar o disminuir al máximos sus efectos en la opinión pública nacional e internacional, nuestra tercera y última razón se sustenta en que lo que la gente llama falsos positivos y que el Gobierno y el sistema judicial aún se resiste a llamar con su verdadero nombre, son sencillamente CRIMEN DE LESA HUMANIDAD y hasta al tanto esto no cambie los asesinos de miles de casos serán cubiertos por la impunidad imponiendo el riesgo de reincidir en sus actos criminales”. Afirmaron en un escrito los familiares

Y aunque los familiares no se presentaron a las disculpas públicas, al lugar llegaron el comandante de la Octava División del Ejército, el Coronel Andrés Rodríguez Comandante de la Brigada 16, el Alcalde de Monterrey y otras autoridades civiles y militares. En donde catalogaron los hechos como delictivos que no debieron presentarse, para finalizar pidieron disculpas por la muerte del joven Lorenzo Taborda y lamentaron la inasistencia de los familiares.

 Antecedentes

Taborda desapareció en marzo de 2007 en la ciudad de Villavicencio y solo se tuvo conocimiento de su  paradero 18 meses después tras el reporte que entregó en su momento el batallón  de Infantería No 44 “Ramón Nonato Pérez” ubicado en Tauramena, Casanare y que hace parte de la octava división del Ejército. Cobra fue la unidad militar que adelantó el operativo que fue bautizado como “Escorpión” en donde se asesinó a Lorenzo, siendo el Comandante de esta unidad el entonces capitán Erwin Eduardo Duarte Rojas.

Sin embargo,  tras 8 años de investigaciones y un largo proceso judicial se logró demostrar ante el Consejo de Estado que lo que realmente sucedió con este joven fue una ejecución extrajudicial, en el marco de los mal llamados Falsos Positivos.  

Una de las pruebas más fuertes que presentó la defensa es que Taborda era una persona en condición de discapacidad, y que desde muy temprana edad fue diagnosticado con retardo mental moderado y  presentaba fuertes episodios de epilepsia. Su historia clínica reposa en el Centro de Especialistas de Risaralda donde estuvo bajo tratamiento por el doctor Carlos Alfonso Tellez.

En el reporte entregado por el Batallón de infantería anteriormente nombrado en este escrito, reposa qué: en el puesto de control instalado en el punto llamado Vereda Brisas del Llano, Monterrey, Casanare, se observó la presencia de tres sujetos quienes al escuchar “la proclama de los militares” respondieron a “fuego nutrido reaccionamos a dicha agresión quedando un terrorista muerto en combate tras el intercambio de disparos”.

No obstante, varias irregularidades rodearon el asesinato de Lorenzo Taborda, pues junto al cuerpo fue hallado un Smith & Wesson calibre 38 cuyo tambor permitía alojar cinco proyectiles y según el estudio técnico todos fueron percutidos, sin haberse registrado los mismos ni en el acta de inspección del cadáver ni mucho menos en la necropsia.

Así mismo sorprendió que este portara unas botas tan grandes con las que fue visto en el video después del hecho. Sin embargo lo más grave es que cuando es presentado como muerto en combate, el Ejército se contradice en repetidas ocasiones al afirmar en primera instancia que hacia parte de bandas delincuenciales de las Bacrim, posteriormente este batallón se retracta y afirma que era integrante de las Farc, pero en su última declaración lo vuelven a vincular con las Bacrim afirmando que tenían claro conocimiento de su origen ya que habían dado una recompensa a un informante, informante que tiempo después fue localizado por la Fiscalía y el cual negó haber recibido dinero y ser informante del Ejercito Nacional.

“Cuando hechos como este se producen, se contradicen no sólo los mandatos convencionales y constitucionales, sino que se genera una ruptura con todo el orden constitucional al realizarse ‘falsas acciones para el cumplimiento de los mandatos constitucionales’”, dice uno de los apartes de la sentencia. El fallo del alto tribunal que calificó de “graves violaciones a los derechos humanos” los montajes de los militares. Así mismo ordena de manera inmediata al Estado Colombiano y al Batallón 44 ofrecer disculpas públicas a la familia del joven asesinado.

Finalmente tras las pruebas presentadas por la defensa y las investigaciones de la fiscalía el Consejo de Estado ordena al Ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares rendir acto público de perdón a las familia de José Lorenzo Taborda, adicionalmente la sentencia contempla indemnizar a la familia de la víctima con 600 salarios mínimos.