El Juez Primero Penal del Circuito de Cartagena, Freddy Machado, ordenó la libertad inmediata de los líderes sociales y defensores de derechos humanos Milena Quiroz Jiménez, Isidro Alarcón, Nubia Gómez Jaime, José David Jaime Lemus, Manuel Francisco Zabaleta Centeno y Félix Muñoz, quienes se encontraban injustamente detenidos desde el pasado 22 de marzo bajo la acusación de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Para el Juez Machado, La investigación realizada por la Fiscalía General de la Nación fue precaria y no abordó una investigación integral y el carácter de los líderes sociales, destacando así, que éste proceso se asemeja a un falso positivo judicial.

Tras conocer esta decisión, el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) Deivis Flórez señaló: “Una vez más se demuestra que existe pocas garantías para los defensores de derechos humanos en un escenario de post conflicto, la decisión de hoy demuestra que lo qué pasó en marzo fue un montaje judicial contra los defensores de derechos humanos”

Por otro lado,  para la lideresa Milena Quiroz esta decisión más que un fallo representa una actuación en justicia que permitió restablecer los derechos de los líderes/as sociales, respetando su libertad y el debido proceso.

“Estos ocho meses me han permitido reflexionar sobre la importancia de nuestra labor, pero también los riesgos a los que nos sometemos diariamente, es por esto, que es importante llamar la atención al Gobierno Nacional sobre las garantías reales para ejercer nuestra labor donde quiera que estemos, la lucha continúa, porque ser líder social no es delito.” Señaló Milena Quiroz.

Cabe destacar, que estos once líderes/as sociales fueron detenidos por orden de la fiscal tercera especializada de Cartagena, María Bernarda Puentes López, quien el pasado 28 de julio fue detenida por corrupción y que en las últimas horas aceptó cargos llegando a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, para pagar cinco años de prisión y devolver veinticinco  millones de pesos.

Contexto.

El pasado 21 y 22  de marzo en horas de la madrugada la seccional de investigación Crimina- Sijin- realizó 12 capturas simultáneas de líderes/as sociales en la región del Sur de Bolívar, bajo la acusación de una supuesta pertenencia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Estos once líderes sociales fueron trasladados en helicópteros hacia la ciudad de Cartagena,  con el fin de realizar las audiencia de media de aseguramiento, allí la Fiscal María Bernarda Puentes López señaló que las pruebas que el ente investigador tenía en contra de los líderes sociales, se limitaba a que estos participaban activamente en movilizaciones sociales que según ella “eran ilegales y buscaban derrocar al Gobierno actual”. Acción que consideraba un peligro para la sociedad, por lo que solicitó a la juez  medida de aseguramiento.

Desde ese mismo momento, organizaciones sociales y de Derechos Humanos realizaron las respectivas  denuncias no solo  sobre las irregularidades que presentaba esta fiscal en dicha audiencia, sino el desconocimiento de la misma Constitución Política de Colombia.

Ya que en medio de sus argumentos olvidó señalar que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Política de Colombia en su Artículo 37. Sin embargo, estas denuncias no fueron tenidas en cuenta, por lo que estos once líderes fueron privados de su libertad.  

Debido a esta decisión, varias organizaciones sociales nacionales e internacionales hicieron un fuerte llamado al Gobierno Nacional y a la misma Fiscalía General de la Nación para exigir garantías a su labor y frenar la estigmatización y persecución a líderes/as sociales y defensores de Derechos Humanos.

Irregularidades en el proceso.

En repetidas ocasiones el CSPP  denunció las irregularidades que presentaba este proceso, debido a esto el primero de abril en el marco de las audiencias preliminares, la defensa de los líderes sociales solicitó al juez de segunda instancia que al momento de decidir el recurso de apelación de la medida de aseguramiento, se compulsaran copias para que fuesen investigados la Fiscal María Bernarda Puentes López, miembros de la policía judicial y otros funcionarios que hubieran podido participar del fraude procesal y concierto para delinquir que se orquestó contra los líderes/as sociales del Sur de Bolívar.

Así mismo, en el marco del proceso se interpuso medida de nulidad y revocatoria de la medida de aseguramiento de destierro que fue interpuesta contra la líder social y defensora de derechos humanos Milena Quiroz Jiménez. Sin embargo, estas audiencias no se pudieron efectuar en su momento, pues la misma fiscal que hoy se encuentra detenida por corrupción dilató las audiencias al no presentar a las mismas, violentando abiertamente el derecho de acceso  a la administración de justicia.

Recordamos que durante este año, hemos sido testigos de la investigación de más de 45 fiscales por hechos de corrupción que favorecen intereses principalmente de grupos paramilitares en diversas regiones del país. En estos casos, no solamente han participado fiscales sino todo un entramado de funcionarios como jueces, policía judicial, miembros del INPEC y otras instituciones.

Alentamos a la FGN a continuar con estas investigaciones y sanciones de los responsables. En ese sentido, esperamos que en el caso de persecución a integrantes del movimiento social en el Sur de Bolívar, se investigue también la posible participación de otras instituciones y políticos locales, y así mismo se depuren los archivos de inteligencia del Batallón Nariño, con el fin de sacar de sus bases de datos los informes de inteligencia que señalan y estigmatizan la labor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.