La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la sentencia T-388 de 2013 de la Corte Constitucional, en cumplimiento a su labor, presentó su tercer informe con el fin de documentar, analizar y evidenciar muchos de los problemas que padecen las personas recluidas en el sistema penitenciario y carcelario en Colombia. Este documento, complementario a los dos informes anteriores, se divide en 7 capítulos en los que aborda problemas transversales a todo el sistema, como la crisis de los servicios de salud y el hacinamiento. Presentamos a continuación 6 infografías que recogen las ideas claves de las conclusiones del informe.

La primera de ellas ilustra el estado de hacinamiento carcelario. De acuerdo con las cifras oficiales del INPEC, con corte a junio de 2017, se registraron 78.690 cupos carcelarios en el sistema del orden nacional (ERON) para albergar a una población de 115.628 personas en reclusión. La sobrepoblación total era de 36.938 personas y el hacinamiento alcanzaba el 46,9 %. La segunda se refiere a la crisis de salud, que debido a las grandes falencias en la prestación del servicio de salud a toda la población reclusa, el Ministerio de Salud declarara en 2016 el estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año – estado prorrogado posteriormente hasta el 30 de junio de 2017. Aunque el Estado ha tomado medidas para resolver esta grave situación en materia de salud, en la actualidad varias de las causales que dieron origen a la emergencia subsisten.

La detención preventiva es una medida de aseguramiento que se puede imponer sobre una persona antes de su juzgamiento, y no debería asociarse a la gravedad o al delito. Como lo refleja la tercera infografía, 23.683 de las personas detenidas preventivamente llevan menos de 15 meses detenidas, 2.523 llevan más de dos años y 4.669 más de tres años. Según datos del INPEC, para junio de 2017, el delito de concierto para delinquir era el de mayor impacto en la población bajo detención intramural, con 8.455 personas detenidas (23,7%). Le seguían los delitos de porte de armas, homicidio, hurto simple, hurto calificado y delito de drogas. La cuarta inforgrafía evidencia la inconsistencia entre el número de defensores que integran el Sistema de defensa pública presentado por la Defensoría del Pueblo. En respuesta a un derecho de petición, esta institución señaló que contaba con 2.500 defensores para 2014 y 3.115 el año siguiente. Sin embargo, en sus informes al Congreso, reportó 4.023 para 2014 y 4.086 en 2015.

La quinta inforgrafía señala disposiciones problemáticas en el reglamento general del INPEC que afecta las condiciones de vida de las personas reclusas en Colombia. Según este reglamento, una persona podría no recibir los utensilios o recursos suficientes (mantas, papel higiénico, alimentación, crema dental) puesto que están sujetos a la disponibilidad presupuestal. A esto se suman la corrupción y deficiencias en los contratos de alimentos, ilustrados en la sexta infografía. Según la Contraloría, estas irregularidades llevan a situaciones como el manejo inadecuado de alimentos que necesitan refrigeración, presencia de roedores, insectos y moscas, incumplimiento de normas de asepcia, entre otros.

Cabe recordar que el mandato de la Comisión es hacer seguimiento integral y general al estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y penitenciaria. Ésta surgió a raíz de que dicha sentencia declarara el estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario y expidiera órdenes y mandatos de carácter general y específico para superar la situación.

El informe fue elaborado y presentado por el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia, Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES , Corporación Humanas, Corporación Colombia Diversa, Equipo Jurídico de Pueblos, Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Semillero Interuniversitario de Abolicionismo Penal (Unaula, U de A, USC), y la Universidad del Rosario.

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