El comité de solidaridad con los presos políticos denuncia ante la comunidad nacional e internacional las nuevas amenazas de las que ha sido objeto, al igual que miembros de organizaciones sociales y sindicales. Estas se han venido presentando de manera constante y reiterada, señalando y estigmatizando la labor de los defensores de los derechos humanos, de las organizaciones sindicales y en general del movimiento social. Las amenazas, actuales y pasadas, se han denunciado ante la fiscalía general de la nación, sin que hasta el momento se hallen los responsables de las mismas.

HECHOS:

El día 14 junio del año en curso llega al celular de WALTER AGREDO MUÑOZ, funcionario del comité de solidaridad con los presos políticos en el valle del cauca y otros dirigentes sociales, vía Whatsaap, un mensaje proveniente de un grupo creado que se llama INFORMACIÓN, con número de abonado 312 277 98 77, donde se amenazan a líderes sociales, sindicales y defensores de derechos humanos, igualmente organizaciones sindicales y sociales, esta amenaza remitida por el grupo paramilitar autodefensas gaitanistas de Colombia, por sus siglas conocidos como AGC.,

En el texto enviado por el grupo paramilitar, amenazan a las siguientes personas: Hernán Arciniegas, Walter Agredo, Diego Escobar, Enrique Guetio, Rosalba Castillo Viveros, Adelina Vásquez, German Marín, José Gamboa, Carlos Vargas, Fernando Pérez, Edgar Mojica, Fernando Otálora, Wilson Rentería, Yelbi Ramírez, de igual forma señalan a las organizaciones SINTRAUNICOL, mesa Paro cívico de Buenaventura, CUT Valle del Cauca, SUTINAC, ASONAL JUDICIAL y SINALTRAINAL, se refieren a otras dos personas llamadas Elizabeth y Gilberto.

Señalamos que la nueva amenaza se constituye en el reiterado ataque al movimiento social, sindical y defensores de derechos humanos de la región que le apuestan a la paz con justicia social, trabajan por el respeto y garantía de los derechos laborales, políticos y de las víctimas de crímenes de Estado en el Valle del Cauca.
En la amenaza señalan que esta nueva acción obedece a contrarrestar la campaña de PETRO y atacar el proceso de paz, que son acciones que van a llevar a cabo en Cali, Popayán, Bogotá, Antioquia, Cúcuta, Costa Caribe.

Recordemos que en lo que va corrido del año 2018 según informe del programa Somos Defensores, entre los meses de enero y marzo, se reportaron que 132 defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicales, fueron víctimas de algún tipo de agresión que ponen en riesgo sus vidas y se constituyen en verdaderos obstáculo para legítima y legal labor de defensa los derechos humanos.

De los 132 hechos registrados, 66 han sido amenazas, 46 han sido asesinatos, 12 atentados, 1 desaparición forzada, 1 caso de uso arbitrario del sistema penal y 6 hurtos de información.

ANTECEDENTES: 

➢ El día 15 de enero del 2018 llega a la sede de la central unitaria de trabajadores, CUT, seccional Valle del Cauca, ubicada en la carrera 11b # 22-36 barrio obrero, un sobre de manila el cual contenía un comunicado del grupo paramilitar autodefensas gaitanistas de Colombia, por sus siglas conocidos como AGC, en donde amenazan a un grupo de sindicalistas y defensores de derechos humanos de la región.

➢ El día 17 de Julio del año 2017, siendo aproximadamente las 2: 15 de la tarde llega al celular del coordinador del comité de solidaridad con los presos políticos seccional valle del cauca, WALTER AGREDO MUÑOZ, un mensaje de texto en el que lo amenazan junto con otros integrantes del movimiento social, sindical sindicales y derechos humanos de la región, esta amenaza proviene del abonado número 312 381 55 52.
Amenazas que fueron puestas en conocimiento de la fiscalía general de la nación.

El paramilitarismo en la región, al igual que en todo el país, ha tenido como estrategia llamarse de diferentes maneras: águilas negras, rastrojos, la empresa, autodefensas unidas del valle, machos, urabeños, nuevos urabeños, entre otros. La reestructuración o reingeniería del paramilitarismo entonces les ha permitido copar distintos sectores de las grandes ciudades del país, el Valle del Cauca no fue ajeno a esta situación y estos se disputaron a sangre y fuego los barrios, las plazas de mercado, desatando una guerra por el control del tráfico de drogas, extorsionando y asesinando y haciéndose parte de la cotidianidad de nuestras vidas.

Para las organizaciones de derechos humanos de la región es preocupante esta situación, más aún cuando la presencia de los grupos paramilitares en la ciudad de Santiago de Cali, se fortalece y hacen de esta una de las ciudades más violentas del país. Es claro para nosotros la presencia de las estructuras de los paramilitares en la ciudad, los cuales se vienen disputando el control del microtráfico de las drogas en los barrios, las extorsiones en las plazas de mercado y otras actividades, que nos llevan a plantear que Santiago de Cali, como muchas otras ciudades del país, es controlada por el paramilitarismo.

Las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos en el Valle del Cauca en los años 90s advirtieron del avance del paramilitarismo en la región, cuando supuestamente se desmoviliza el bloque Calima y Pacífico de las AUC, estas mismas organizaciones advirtieron que tal desmovilización no era real y que estos aun hacían presencia en varias comunidades, las cuales vivían amedrantadas y temerosas por su presencia.

EXIGIMOS:

Al Estado Colombiano, en cabeza del presidente de la República, JUAN MANUEL SANTOS CALDERON:

· Que se desarrollen todas las acciones tendientes a proteger la vida de las personas amenazadas y dar trámite ante las instancias que sea necesario para iniciar las investigaciones y que estas den resultados concretos sobre los responsables de dichas amenazas.

. Que el Estado Colombiano reconozca la continuidad del paramilitarismo en nuestro país, de igual forma, que lo enfrente de manera contundente con mecanismos que lleven al desmonte real de sus estructuras y de sus financiadores.

· Que a los Defensores de Derechos Humanos amenazados se les respeten sus derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política de Colombia primordialmente el derecho a la vida y las garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

. Que en el marco de los diálogos adelantados por el Estado colombiano con la insurgencia colombiana se establezcan las garantías para el ejercicio real de la participación política, al igual que la defensa de los Derechos Humanos, este ejercicio como garantía de una paz duradera.

A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Solicitamos mantener un escenario de interlocución con el Estado colombiano, en el cual se le haga seguimiento a la situación de riesgo en que se encuentra el movimiento social, sindical y de derechos humanos en Colombia ante las amenazas de los diferentes grupos paramilitares que existen en el país.

De igual forma a que le exijan al Estado Colombiano que muestre voluntad política para desmontar el paramilitarismo en Colombia como un requisito de la paz duradera.

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