Bogotá, 24 de octubre de 2019. – La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) entregó hoy a la Honorable Corte Suprema de Justicia una solicitud para que analice si los senadores Álvaro Uribe Vélez y Paloma Valencia, con su conducta, incurrieron en los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado en contra de dicha institución y sus integrantes.

Para ello, hemos entregado a la Corte un conjunto de elementos probatorios que podrían demostrar que los mencionados senadores han promovido una campaña de difamación en contra del CSPP a través de declaraciones públicas en sus redes sociales y en medios de comunicación, en las cuales difundieron masivamente mensajes falsos y calumniosos, en donde se nos acusa de haber realizado sobornos con el fin de manipular o impulsar al testigo Juan Guillermo Monsalve a dar declaraciones en contra Álvaro Uribe Vélez.

Por su condición de funcionarios públicos, ambos congresistas tienen la obligación de constatar de forma razonada los hechos en los que fundamentan sus opiniones, más si se tiene en cuenta el alto impacto que sus declaraciones generan en la ciudadanía. Pese a ello, afirmaron y reprodujeron de forma deliberada información falsa, que fue difundida masivamente por sus miles de seguidores en redes sociales, lo cual potenció una campaña de odio, estigmatización y persecución que ha afectado la honra y buen nombre del CSPP y sus integrantes y pone en riesgo nuestra seguridad. Como muestra de ello, podemos señalar que en 10 días hemos recibido al menos 140 mensajes calumniosos, difamatorios y amenazantes, los cuales han sido puestos en conocimiento de la Corte.

Sumado a ello, es clave destacar que el expresidente, su equipo de defensa y personas de su círculo cercano, utilizaron de manera descontextualizada información a la que tenían acceso privilegiado en la medida en que surgía del proceso judicial que se surtió en la Corte Suprema de Justicia en contra del senador Iván Cepeda y en el cual Álvaro Uribe fungía como víctima.

Dicha información hace referencia a la documentación aportada a la Corte por el CSPP el día 3 de diciembre de 2014, que daba cuenta de los recursos destinados a la protección de la familia Monsalve, tras las amenazas y hostigamientos de los que fueron víctimas con posterioridad a la declaración entregada a la justicia por Juan Guillermo Monsalve.

Estas pruebas eran conocidas por el senador desde entonces, cuando su abogado, David Espinosa Acuña (suplente de Jaime Granados), participó de la diligencia en la que el presidente de nuestra institución, Franklin Castañeda rindió testimonio en el caso e incluso fue interrogado por el mencionado profesional del derecho.  También conocían los senadores Uribe y Valencia que la Corte ya se había pronunciado sobre la legalidad y legitimidad de las actuaciones del CSPP en febrero de 2018 y, sin embargo, presentaron al país dichas pruebas como elementos novedosos para generar dudas infundadas en la opinión pública sobre nuestra labor como defensores de derechos humanos.

Recordemos que el alto tribunal al referirse a nuestra actuación y a las pruebas aportadas en el proceso determinó: (i) que las labores realizadas por el CSPP hacen parte de su misión como organización defensora de derechos humanos y no son ilegales; (ii) que su intervención económica a favor de la familia Monsalve está fundada en motivos serios y verificados sobre el riesgo a la vida e integridad personal del testigo y su familia; (iii) que la entrega de apoyos fue posterior a la declaración que el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve dio en contra de Álvaro Uribe y (iv) que dichas ayudas cesaron ante la imposibilidad económica de darles continuidad.

Por todo ello, acudimos al máximo órgano de justicia en materia penal a la espera de que pueda avanzar en las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de ambos congresistas, así como tomar las medidas adecuadas para restituir nuestra honra y buen nombre. Finalmente, ratificamos nuestra confianza en las instituciones del Estado colombiano y en particular de la Justicia y, por ello, anunciamos que hemos escrito a la Fiscalía General de la Nación con el fin de ponernos a su disposición para ser escuchados cuando a bien tenga, sobre nuestra actuación en la protección de la familia del señor Monsalve y responder a cualquier duda o requerimiento judicial, así como para hacer entrega de todos los documentos y pruebas que soportan nuestras acciones.

La campaña de desprestigio que se ha emprendido en nuestra contra afecta por igual al conjunto del movimiento de defensa de los derechos humanos y genera un contexto de riesgo para nuestra seguridad y nuestro trabajo. Pese a ello, continuaremos como lo hacemos desde hace 46 años, cumpliendo una función loable y necesaria para la democracia y la paz de Colombia.