La sistemática violación de los derechos de las personas privadas de la libertad en el Complejo Penitenciario y Carcelario de Jamundí COJAM hace de esta una institución en la que las leyes y derechos constitucionales colombianos parecen no aplicar. Son varias las denuncias, solicitudes y casos que no trascienden ni legal ni mediáticamente como ocurre en otros establecimientos carcelarios del país, lastimosamente tienen que ocurrir tragedias como la de La Modelo en Bogotá en 2020 o en la cárcel de Tuluá este año para que la crisis carcelaria sea tema de debate y reaparición de propuestas que, por desgracias, resultan ejecutadas a medias, y paradójicamente, en mayores restricciones para la Población Privada de la Libertad. 

COJAM (conocido también como COJAMBRE, Jumanji o la ciudad de Dios) es una de las tantas ollas a presión que de vez en cuando accionan su válvula de escape, no muy distinto a lo que sucede en El Salvador, Ecuador y México. Un caldo de cultivo para la tortura, las tragedias, el desconocimiento de derechos, la corrupción y la reproducción de todo tipo de violencias, bajo la dirección enquistada del director Guillermo Andrés González Andrade, la subdirección de los Bloques, especialmente la subdirectora Laura Hernández Londoño y Arley Fernández (a quien trasladaron como Director de la Cárcel de Tuluá poco antes de la tragedia del 28 de junio) y la displicencia de las "ías", organismos de control y veeduría regionales, nacionales e internacionales. 

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