Desde el Programa de Garantías para la Paz del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) denunciamos ante la comunidad nacional e internacional las amenazas de las que ha sido objeto Leyder Perdomo, miembro de la Seccional Antioquia del CSPP, defensor de derechos humanos, profesor de la Universidad de Antioquia (UDEA) y distintos colectivos de la UDEA por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) debido al ejercicio de la  promoción y de defensa de las libertades y los DDHH mediante la academia, de acuerdo a los siguientes

HECHOS

1. El día de ayer, 03 de marzo de 2020, se hizo público un panfleto en el cual las AGC informan del exterminio de estos colectivos y personas, tras la realización de procesos de inteligencia, seguimientos e infiltraciones a las organizaciones:

“Hoy más que nunca las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA, ratificamos nuestras banderas de luchas de liberación de nuestra madre patria, de cualquier vestigio de guerrilleros, comunistas y milicianos; que dentro del largo proceso de inteligencia que incluyo seguimientos e infiltraciones directas a organizaciones y gremios universitarios de la capital de Antioquia, y comprobada su vinculación con grupos subversivos, que impulsan la paz ilegitima de santos y promoviendo revueltas y acciones anarquistas ilógicas en las ciudades que en realidad buscan el fortalecimiento de sus estructuras urbanas, camuflados dentro de sindicatos y organizaciones estudiantiles Los tenemos identificados se comportan dentro de la ley, dentro de sus estatutos y cesan definitivamente las revueltas, las bombas o serán exterminados:

ASOPRUDEA COOPRUDEA SINTRAUNICOL SINTRAUDEA AspUDEA COESDUA UTOPIA APENJUDEA OFICINA DE ESTUDIANTES RODLEDO OFICINA DE ESTUDIANTES DE DERECHO, ECONOMIA, EDUCACION E INGENIERIA LEYDER PERDOMO ANDRES SALDARRRIAGA PAULA DERECHO DAVID REYES NICOLAS BRITTO

QUEDAN NOTIFCADOS SE UNIFORMAN PARA LA GUERRA O SE MUEREN DE CIVIL

NUESTRO COMPROMISO ES LIBERAR A COLOMBIA DE LA PLAGA COMUNISTA AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA AGC

MARZO 2 DE 2020”

2.  Además de las graves declaraciones de seguimientos y de exterminio, se estigmatiza a las personas señalándolas de pertenecer a grupos armados. Lo anterior busca deslegitimar el trabajo que éstas personas y colectivos defensores de derechos humanos realizan ante la sociedad y que además los marginaliza, aísla y acrecienta su vulnerabilidad y riesgo frente a agresiones. Esta estigmatización suele concretarse en calificar a las personas defensoras de derechos humanos como “terroristas”, “enemigos del Estado” “delincuentes”, “conspiradores” e incluso de relacionarlos con partes de un conflicto armado lo que crea un contexto adverso para la labor de defensa a los derechos humanos.

3. Es preocupante que se presenten este tipo de amenazas en un contexto de agresión a la protesta social en la ciudad de Medellín y en las universidades públicas como lo han sido los señalamientos, estigmatizaciones y acciones violentas por parte de la Fuerza Pública que han redundado en crear un escenario adverso a la manifestación social y a las expresiones de los movimientos de la sociedad civil.

4. Además de ello, no puede olvidarse que -de acuerdo al Programa Somos Defensores- tan sólo en los meses de julio a septiembre de 2019 se registraron 183 hechos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos de las cuales el 79% fueron amenazas de este tipo y cuya autoría es del 50% de grupos sucesores del paramilitarismo como es el presente caso.

5. A su vez, se tiene el registro -según INDEPAZ- de que sólo en los dos primeros meses del 2020 han sido asesinadas aproximadamente 51 personas defensoras de derechos humanos. Lo que implica que en este año se ha aumentado en un 33% la violencia a líderes y lideresas sociales en comparación con el año anterior. Asimismo, es necesario recordar que Antioquia es y ha sido uno de los departamentos con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en Colombia y que cuenta con la presencia de múltiples grupos armados.

En virtud de lo anterior

EXIGIMOS

Al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente Iván Duque y Al Ministerio del Interior en cabeza de la Ministra Alicia Arango

1. Que se implementen y activen eficazmente los mecanismos de garantías de seguridad derivados del Acuerdo de Paz referidos a defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos y de las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, en especial:

• La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad debido a su papel en el diseño, evaluación y seguimiento de la política pública para el desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.
• El decreto 660 de 2018 que posee las herramientas en materia de prevención y protección colectiva para los territorios.
• El Decreto 2124 de 2017 Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida que de soluciones efectivas a las situaciones alertadas.

2. Que se dejen de implementar instancias paralelas a las pactadas en el Acuerdo de Paz, las cuales desconocen los espacios históricos de interlocución y concertación.

A la Fiscalía General de la Nación en cabeza del Fiscal General Francisco Barbosa

3. Que se inicien las investigaciones correspondientes a los hechos relatados en la presente denuncia y que se juzgue y sancione a los presuntos responsables de los mismos y que se active para este caso el Grupo de Tareas Especiales para la investigación de conductas punibles sobre amenazas de la Resolución 0249 de 2015 de la Fiscalía General de la Nación.

4. Que se promueva y apoye la actuación y funcionamiento de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación cumpliendo con los estándares internacionales y nacionales en tema de investigación seria, diligente y eficaz en las agresiones a personas defensoras de derechos humanos y en aras del desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

A la Procuraduría General de la Nación en cabeza del Procurador General Fernando Carrillo Flórez

5. Que se haga efectiva la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, y en consecuencia investigar y sancionar las actividades de estigmatización adelantadas por funcionarios y servidores públicos y se active el Comité Interno de Coordinación y Seguimiento de la Directiva 002 de 2017.

6. Que en el marco de sus competencias adelante las gestiones necesarias para la protección y garantía de la vida, libertad e integridad de las personas y colectivos defensores de derechos humanos.

Al Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle

7. Que en su papel de autoridad administrativa territorial ejecute las políticas de garantías de seguridad en los territorios y brinde los mecanismos necesarios para el ejercicio de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos.