La Asociación Campesina del Norte de Antioquia, La Asociación de Campesinos en Vía de Extinción, La Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana- Anorí, El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos y El Proceso Social de Garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia, denunciamos y condenamos el homicidio perpetrado por el Ejército Nacional el 20 de mayo de 2020 contra el campesino Ariolfo Sánchez Ruíz en el municipio de Anorí, Antioquia.

Desde el día 8 de mayo habíamos solicitado todas las garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social ejercida por comunidades que denuncian el sistemático incumplimiento a la implementación de los acuerdos del Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito- PNIS establecidos por el Decreto Ley No. 896 del 29 de mayo de 2017.

Las comunidades buscando siempre el diálogo con el Estado, propusieron un encuentro el 15 de mayo con las autoridades civiles y militares para buscar salidas a las problemáticas. El 18 de mayo las comunidades campesinas denunciaron la presencia de algunos militares encapuchados movilizándose en las veredas Tacamocho y Tenche Salino.

El día de ayer, a las 10 de la mañana la fuerza pública en su conjunto, desarrollaba un operativo de erradicación forzada en la vereda los Tenche Bajo del municipio, según los habitantes, desde los helicópteros fueron ametralladas las comunidades que a esa hora se oponían a la erradicación. Las y los campesinos lograron resguardarse. En horas de la tarde un pequeño grupo de campesinos llegó hasta el sitio conocido como Palo Gordo que está ubicado en la frontera entre Tacamocho y Tenche Limón, allí son retenidos arbitrariamente y fueron despojados de sus celulares por miembros del Ejército Nacional quienes, según la comunidad presente, ejecutaron de manera cobarde al campesino Ariolfo Sánchez.

Este crimen de Estado se suma a otras graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el país este año, como lo fue la desaparición forzada de Didian Arley Agudelo, campesino de 38 años en zona rural del municipio de Campamento, quien fue desaparecido y posteriormente asesinado presuntamente a manos del Ejército Nacional.

De la misma manera, el pasado 18 de mayo, en el municipio de Cúcuta, la fuerza pública disparó contra varios campesinos y asesinaron al labriego Digno Emérito Buendía Martínez.

Hechos como estos, demuestran la firme intención del Estado colombiano por asignar un tratamiento militar y de guerra contra las comunidades que exigen sus derechos, además, infringe todas las obligaciones constitucionales de garantías de no repetición y reedita los crímenes de Estado.

Exigimos

•  Al gobierno nacional que detenga todas las acciones de erradicación forzada en Colombia, máxime que las actuaciones están cobrando la vida de las y los campesinos.
• Cumplir a cabalidad con el PNIS y el Acuerdo de Paz en su integralidad.
• Investigación y judicialización a los miembros de la fuerza pública que han cometido estas graves violaciones a los derechos humanos.
• Exigimos que la fuerza pública cese toda forma de violencia y empleo de las armas contra la población.
• Al Estado colombiano proteja la vida e integridad de las comunidades y eliminen toda práctica que vulnere los principios del Sistema Internacional de los Derechos Humanos.
• Solicitamos una veeduría internacional, que, aunque no pueda desplazarse hasta los territorios sí puede acopiar toda la documentación, para que constate los hechos denunciados no solo en Anorí sino en otras zonas del país donde la actuación de la fuerza pública ha dejado civiles asesinados y heridos, en el marco de las erradicaciones forzadas.

¡QUE LA PAZ NO NOS CUESTE LA VIDA ¡