Los Derechos Humanos (DDHH) son inherentes a los seres humanos. Se fundamentan en la dignidad sin distinción de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, etc., y tienen como característica que son interrelacionados, interdependientes, indivisibles, inalienables y universales (ONU, 2019). En ese sentido, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos (DSyR), como parte de los DDHH, involucra el respeto y la protección de una amplia gama de libertades y derechos concatenados a la dignidad, libertad e igualdad; debido a que procuran por el reconocimiento y la protección de la facultad de las personas de tomar decisiones libres sobre su sexualidad y su reproducción.

El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como parte de los derechos humanos, ha sido un tema ampliamente restringido de manera institucional dentro de muchos espacios, siendo uno de ellos, la política criminal, y los centros penitenciarios y carcelarios del país. Si bien de manera general en las reclusiones suelen evidenciarse toda clase de vulneraciones en materia de DD.HH., en las reclusiones de mujeres se ve marcada una desigualdad extrema y mecanismos de exclusión, producto en parte de la dominación de una política y una práctica penitenciaria con lógica masculina.

Es por esto que, el goce de los DSyR de las personas privadas de la libertad debe analizarse desde un enfoque de género[1], toda vez que si bien existe una vulneración generalizada a los DDHH de las personas en prisión, las mujeres recluidas en cárceles experimentan desigualdades extremas y exclusión. Debido al rol histórico que les ha sido asignado como seres vulnerables y serviles, las mujeres suelen carecer de mecanismos, lenguajes y formas de comportamiento adecuadas de autodefensa frente a las vulneraciones de sus derechos por parte de la institucionalidad. Esto se ve exacerbado en la privación de la libertad debido a que se genera un desarraigo de sus condiciones vitales de manera social y subjetiva, es decir, la privación corporal implica una secuela de privaciones como la ruptura de relaciones familiares, o la exclusión laboral. Adicionando a esto que entran a formar parte de un sistema que controla su diario vivir y que muchas veces obliga a que se borre la línea que separa las decisiones sobre su cuerpo, su pensamiento y sus deseos de vida.

Viven en un sistema que presenta falencias en las condiciones de vida que se les brinda, evidencia de esto son todas las fallas en la prestación de servicios básicos dentro de las reclusiones, como la precaria oferta e imposición de métodos anticonceptivos, la falta de atención médica para las condiciones de salud específicas de la mujer, las falencias en las condiciones de higiene, o en la garantía de derechos como la visita íntima, y la maternidad. Por ejemplo, en los establecimientos penitenciarios y carcelarios en Colombia, en los cuales se encuentran mujeres recluidas, no se cuenta de manera permanente con personal médico especializado que atienda las condiciones de salud propias de las mujeres, como es un especialista en ginecología; y en algunos casos la atención es insuficiente y poco competente.

Esta publicación del Colectivo de Trabajo por las mujeres privadas de la libertad y de la Seccional Cundinamarca del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, presenta un análisis general de los padecimientos particulares que viven las mujeres prisioneras, principalmente de aquellos que se relacionan con sus derechos sexuales y reproductivos. De igual forma, busca ser una herramienta para que las mujeres privadas de la libertad cuenten con los conocimientos y las herramientas necesarias para emprender acciones de exigibilidad de derechos.

La cartilla “Defender los derechos sexuales y reproductivos desde adentro” se divide en tres secciones. En la primera se presenta un balance del goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recluidas en los patios 4 y 6 de la cárcel Buen Pastor de Bogotá. En él se identifican los principales problemas en torno a su salud, los métodos de planificación, la maternidad y el derecho a las visitas íntimas.

En la segunda parte, se presentan las estrategias y recursos metodológicos utilizados para sensibilizar a las mujeres privadas de la libertad sobre los DSyR, establecer mecanismos y herramientas de identificación de vulneración de derechos y socializar rutas de denuncia y atención. Finalmente, en la tercera sección se incluyen algunos formatos útiles para interponer acciones ante las autoridades correspondientes para que garanticen los DSyR de las mujeres privadas de la libertad, en aras de fortalecer sus capacidades de exigibilidad.

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[1] El enfoque de género es una perspectiva nacida del feminismo que busca cuestionar los estereotipos y develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres. También considera las diferentes oportunidades, las interrelaciones y los distintos papeles socialmente asignados a los sexos, y la manera en cómo afectan su posición en el mundo (UNICEF, 2017)