Desde el pasado 2 de febrero, los presos de la Torre 7 de la Penitenciaria de Valledupar se encuentran en desobediencia civil como mecanismo de protesta frente a la grave crisis humanitaria que se vive en la cárcel.

Una de las principales problemáticas que denuncian los presos es la falta de suministro de agua, pues en la penitenciaría actualmente solo han llegado 400 tanques de agua para abastecer a una población que supera los 1.500 internos. El INPEC solo suministra 10 minutos de agua al día, e incluso hay días en que no se recibe un solo minuto de agua. Por este motivo, desde el mes de diciembre varios presos políticos han iniciado huelgas de hambre para exigir que se brinden condiciones dignas de reclusión. 

Sin embargo esta no es la única problemática que se vive en La Tramacúa. Los constantes abusos de la guardia del INPEC contra los internos, y la ausencia de garantías para los representantes de Derechos Humanos de la cárcel es otra de las denuncias que realizan los internos en su jornada de desobediencia.

La exigencia de la población carcelaria es dar cumplimiento a la Sentencia T – 282 del 2014 de la Corte Constitucional, en la cual el alto tribunal reconoce la grave crisis humanitaria y la sistemática violación a los Derechos Humanos de los presos de Valledupar, en ella se ordenó al INPEC y al Ministerio de Justicia resolver los problemas que generan estas vulneraciones en el plazo de un año, de lo contrario el establecimiento será cerrado.

No obstante, después de cuatro meses del fallo de la Corte, no se han presentado mejorías en las condiciones de reclusión de La Tramacúa, y mientras tanto, los presos de la torre 7 siguen en jornada de desobediencia.