Este informe devela que el 71% de los casos se concentra en 6 departamentos[1], departamentos que además concentran el 35,7% de los títulos mineros que se desarrollan en el país y el 46% de las zonas donde existen pozos petroleros, lo que establece una clara relación entre la defensa de los derechos humanos en contextos de luchas ambientales y el uso indebido del derecho penal. Las personas defensoras de la paz también han resultado particularmente afectadas por este fenómeno.

El informe da cuenta de cómo distintos actores estatales y privados intervienen y se benefician con la judicialización de personas defensoras, incluyendo el caso de algunas empresas del sector minero-energético que, utilizando mecanismos como los convenios de cooperación entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía —entre 2012 y 2019 se identificaron 365 convenios con 117 empresas— han logrado utilizar la institucionalidad colombiana como ariete de ataque contra las personas defensoras.

Destacan particularmente las evidencias de cómo unidades militares financiadas por las compañías han promovido acciones de inteligencia militar contra personas defensoras que denuncian los impactos negativos de las economías extractivas sobre los derechos humanos, y que son asociadas de manera indebida con grupos delictivos. De igual forma, solo entre 2017 y agosto de 2019, las Estructuras de Apoyo a Hidrocarburos (EDA) de la Fiscalía General de la Nación investigaron y acusaron indebidamente a 22 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente por su participación en jornadas de protestas contra las empresas petroleras en los departamentos de Arauca, Casanare y Meta. Por ejemplo, a través de convenios de cooperación, Ecopetrol ha financiado durante 2015-2019 a las EDA con 82.621.590.882 pesos colombianos (aproximadamente 21,8 millones de euros), para que investigue conductas que afecten la adecuada operación de la industria petrolera, incluidos las “acciones de hecho” en el marco de la protesta social.

Por otro lado, el informe da cuenta de las múltiples formas en las que se viola el derecho al debido proceso de las personas defensoras de derechos humanos judicializadas. Estos procesos se caracterizan por imputaciones genéricas e imprecisas, usando tipos penales ambiguos y por un escenario en el que la prisión preventiva es la regla y no la excepción: en el 78,4% de los casos en los que se ha obtenido información, la justicia colombiana privó de libertad a las personas defensoras, ya sea en detención domiciliaria o en centro carcelario.

Conoce más información del informe: Criminalización de la defensa de los derechos humanos en Colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente  y la paz.

[1] Antioquia, Cesar, Cauca, Huila, Casanare y Bogotá.