Como consecuencia del virus COVID – 19, todos los países del mundo se han visto en la necesidad de implementar medidas de protección para la población, como confinamientos para proteger la salud y la seguridad pública. Países de Latinoamérica también viven esta situación, y muchos de ellos han declarado el estado de emergencia.  

Las medidas adoptadas en cada país, deben dictarse partiendo del respeto de los derechos humanos y esto incluye tomar en cuenta la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los derechos de cada persona son inalienables y permanecen aún en tiempo de pandemia.

Desde el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina nos preocupa que este no sea el caso en la región. La situación actual de la pandemia del COVID-19 sólo se está analizando desde la perspectiva sanitaria y económica quedando de lado la atención de los derechos humanos, la cual debería ser un elemento transversal e insustituible para analizar y afrontar esta grave situación. Además, hemos identificado peligrosas dinámicas de mal uso y abuso de derecho de los poderes de emergencia invocados durante estas semanas.

De esta manera, se ha identificad situaciones que afectan más duramente, como suele ser habitual, a los grupos de personas más vulnerables o excluidos como son las personas privadas de libertad, a las cuales no se les está garantizando, muchas veces, su dignidad humana, ni se les protege de no sufrir de tortura ni otros abusos.

Conoce  aquí el informe completo y léelo en PDF.