Declaración pública conjunta

Ginebra, 9 de mayo de 2022

A medida que la incidencia de la Covid-19 y el número de muertes sigue disminuyendo en la mayoría de las regiones del mundo, las medidas y restricciones de salud pública se están relajando a un grado sin precedentes. Sin embargo, la realidad es muy diferente en los lugares de detención. Las restricciones siguen afectando a más de 11 millones de personas recluidas en instituciones penitenciarias, afirman hoy organizaciones de defensa de los derechos humanos y personas expertas.

Una nueva investigación realizada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) indica que medidas que restringen el ejercicio básico de derechos han sido adoptadas, en muchos casos, sin tener en cuenta los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad, y han contado con una supervisión judicial muy limitada. En países como Honduras, Togo, Uganda y Nepal, por nombrar sólo algunos, restricciones de carácter general a visitas presenciales y al acceso de las organizaciones de la sociedad civil a los lugares de detención se han prolongado durante largos períodos de tiempo. Como resultado, miles de personas privadas de libertad, incluidos más de 250000 niños y niñas privados de libertad y muchas personas más detenidas en instituciones no vinculadas al sistema de justicia penal, no han podido ver a su familia durante dos años.

El proceso de investigación y metodología incluyeron insumos de más de 70 organizaciones de la sociedad civil (OSC) y personas expertas en los ámbitos de la lucha contra la tortura, detención, salud y niñez. Hoy, pedimos que se tomen medidas urgentes para revertir el aislamiento y el sufrimiento que siguen padeciendo muchas personas privadas de libertad en todo el mundo desde que se declaró la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020. 

Si bien la preservación de la salud de las personas detenidas, en entornos confinados y a menudo superpoblados, debe ser una prioridad absoluta, las respuestas deben guiarse por un enfoque basado en los derechos humanos. La igualdad de acceso a la vacuna de la Covid-19, la equidad en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, así como la necesidad de garantizar la salud mental y emocional y el bienestar de las personas recluidas en los lugares de detención son cruciales.

Las restricciones a las visitas motivadas por la pandemia han tenido un gran impacto en la salud mental y el bienestar emocional de las personas detenidas y sus familias, como se desarrolla en nuestra nueva Nota de Orientación "Rompiendo los muros del aislamiento: Garantizar el contacto con las familias de las personas privadas de libertad en un mundo con Covid-19". Las restricciones que implican la suspensión y la reducción de las visitas también se han aplicado a la niñez privada de libertad, a pesar de la existencia de normas y directrices internacionales que afirman la necesidad de que los niños y niñas mantengan los vínculos sociales y, en particular, el contacto presencial con sus familiares y estructuras de apoyo.

Muchas de estas restricciones y protocolos vigentes no han sido comunicados a las personas detenidas ni a sus familias. De hecho, aunque la pandemia de la Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la información en tiempos de crisis, en nuestra nueva Nota de Orientación "Romper los muros del silencio: El acceso a la información de los detenidos en un mundo con Covid-19" sacamos a la luz la falta de datos oficiales, o el suministro de datos poco fiables o manipulados, sobre los casos de Covid-19, las tasas de infección, el estado de salud, las muertes de personas privadas de libertad y la cobertura de vacunación, entre otros asuntos de interés público.

La falta de acceso a la información y el aislamiento colectivo al que se siguen enfrentando las personas privadas de libertad en muchos países, que precedieron a la pandemia de la Covid-19 pero que se han agravado desde entonces, tienen graves implicaciones para el cumplimiento de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Además, la falta de transparencia y el aislamiento respecto de las familias y del mundo exterior son factores de riesgo cruciales para el aumento de las tensiones y la violencia en los centros de detención.

La OMCT y las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas firmantes hacen un llamado urgente a los Estados y, en particular, a las autoridades penitenciarias y otras autoridades de lugares de privación de libertad a:

- Respetar el principio de no discriminación cuando se levanten o suavicen las restricciones relacionadas con la Covid-19. Las restricciones en los lugares de detención deben alinearse con la eliminación gradual de las restricciones para la población general. Todas las restricciones injustificadas que vulneren derechos humanos deben ser levantadas inmediatamente;

- Garantizar el derecho a comunicarse con el mundo exterior y a recibir visitas periódicas: las restricciones al contacto con la familia, que es un derecho básico que garantiza la dignidad y el bienestar de las personas detenidas y protege el derecho a no ser torturado ni sometido a otros malos tratos, deben estar previstas en la ley, adoptarse sólo cuando sea estrictamente necesario (cuando no existan alternativas menos perjudiciales), tener una duración limitada y estar sujetas a revisión judicial periódica;

- Garantizar el acceso a todos los lugares de privación de libertad de los/as abogados/as, de los mecanismos nacionales de prevención (MNP) y de otros órganos de control y monitoreo independientes, incluidas las OSC, así como el personal médico, con todos los protocolos sanitarios y de seguridad necesarios;

- Satisfacer el derecho de las personas privadas de libertad a recibir información fiable, precisa y actualizada;

- Adoptar y dar a conocer un protocolo sobre emergencias, que incluya los pasos a seguir, en caso de emergencia (que podría ser una nueva variante de Covid-19 o una emergencia diferente) para: garantizar la transparencia (conferencias de prensa periódicas, boletines, acuerdo con el MNP, etc.); prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y garantizar el acceso a mecanismos de denuncia independientes; garantizar un contacto cercano y frecuente de las personas detenidas con el mundo exterior, particularmente sus familias y abogados/as;

- Las personas privadas de libertad que hayan sido sometidas al aislamiento de sus familias y redes sociales deben tener derecho a medidas compensatorias, incluyendo mediante la consideración del acceso a medidas de liberación anticipada y condicional. El acceso a los servicios de salud mental es primordial y debe garantizarse y ampliarse para las personas detenidas y sus familias.  

Llamamos a las organizaciones de la sociedad civil y al movimiento contra la tortura a:

- Unirse a este llamado urgente para el levantamiento de las políticas de cierre, basándose en las razones de salud, derechos humanos, seguridad y gobernanza penitenciaria expuestos en las nuevas Notas de Orientación;

- Seguir promoviendo estrategias, incluyendo estrategias de incidencia, de comunicación y de litigio, para oponerse al afianzamiento de restricciones injustificadas y promover el aumento de la transparencia en administraciones penitenciarias tradicionalmente opacas;

- Participar en los espacios disponibles de los organismos internacionales, especialmente mediante la presentación de informes alternativos a los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas, para proporcionar detalles sobre el impacto de la pandemia y las restricciones adoptadas en los lugares de detención y para impulsar un plan de preparación y respuesta basado en los derechos humanos ante un nuevo brote de Covid-19 o emergencia. 

Pedir a personas del mundo académico y expertas/as:

- Seguir evaluando el impacto de las políticas de cierre sobre la salud y la integridad personal de las personas privadas de libertad, incluyendo su derecho a no ser torturadas o sometidas a otros malos tratos; identificar las respuestas de mitigación y reparación más urgentes y apropiadas; emitir recomendaciones para las futuras fases de la pandemia de la Covid-19, incluyendo una eventual transición de una etapa pandémica a una endémica, y en el contexto de las agendas de reforma a largo plazo.

 

Lista de personas expertas y organizaciones de la sociedad civil firmantes:

- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

- Susanna Marietti, national coordinator, Antigone – Italia (miembro del Covid-19 Crisis Action Group de la OMCT)

- Documenta - México

- Pastoral Social – Caritas. Diócesis de San Pedro Sula – Honduras

- SOS Information Juridique Multisectorielle (SOS IJM Asbl) - República Democrática del Congo

- Advocacy Forum – Nepal

- Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, Universidade Federal de Minas Gerais - Brazil

- United Against Torture Coalition (UATC) - Philippines

- Medical Action Group,Inc - Philippines

- Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI) - Bolivia

- Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) - Honduras

- Una Ventana a la Libertad – Venezuela

- Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona - España

- Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) – España

 - Helsinki Citizens’ Assembly – Vanadzor- Armenia

- Collectif des Associations Contre l’Impunité au Togo (CACIT) - Togo

- Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) - Chad

- Changement Social Bénin - Benin

- Alliance pour l'Universalité des Droits Fondamentaux (AUDF ONG)- República Democrática del Congo

- Mouvement Ivoirien des Droits Humains (MIDH) – Costa de Marfil

- Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) – Tunisia

- Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) - Sénégal

- ACAT Italia, Azione dei Cristiani per l’abolizione della tortura- Italy

- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú

- Asociación Irídia - Centro para la Defensa de los Derechos Humanos - España

- Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) – Camerún

- Public Verdict Foundation, Rusia

- Bulgarian Helsinki Committee, Bulgaria

- Human Rights Association (İHD) -Turquía

- Association for Human Rights in Central Asia (AHRCA), Uzbekistán / Francia

- Africa End Sexual Harassment Initiative (AESHI) - Kenia

- Solidarity Centre - Kenia

- Children’s Fund of Kazakhstan - Kazajistán