Aunque en múltiples ocasiones ha sido denunciado, el problema de corrupción en las cárceles y penitenciarías del país, en especial la Cárcel Modelo de Bogotá, sigue siendo el pan de cada día. Normalmente las personas privadas de la libertad tienen que pagar impuesto por ocupar una celda, por el aseo, por su seguridad, por acceder a cada derecho que el Estado debe garantizar, pues incluso se negocia con la alimentación.

Quienes se benefician de esta práctica son unos pocos, conocidos por todos. Los llamados “Plumas” o “caciques”, por un lado, son internos que asumen el control de determinados patios o pabellones y cobran a sus anchas sumas de dinero que quieran o no deben pagar los demás reclusos so pena de ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes o simplemente no tener acceso a una celda o cualquier otro servicio básico. Por ser parte de la cotidianidad carcelaria, esta práctica no es solo conocida por quienes se ven sometida a ella, sino también por la guardia, con quien se negocia para pasar por alto lo que a simple vista se puede percibir.

Pero no solo la anuencia o el silencio del personal de vigilancia y custodia contribuye al problema, por el contrario, la participación directa de estos funcionarios lo complejiza. No es un secreto para la población reclusa de la cárcel Modelo de Bogotá que tan pronto entró en vigencia la Ley 1709 de 2014, el negocio de la guardia se hizo más rentable que de costumbre, pues se incrementó la demanda de expedición de cartillas biográficas, certificados de cómputos, conductas y demás documentos necesarios para resolver libertades y acceso a otros beneficios judiciales y administrativos. Para que se agilicen estos trámites los internos deben pagar por lo menos 200 mil pesos, de lo contrario, deben esperar varios meses para que la documentación sea remitida a los jueces competentes.

Dónde se debe dejar la plata y en qué condiciones, a quiénes se deben efectuar los giros por Efecty o a través de “Gana Gana”, los números de cédula de las personas a quienes los familiares de los internos deben consignar, es información que ha sido trasmitida a la Fiscalía y la Procuraduría, sin que a la fecha se hayan producido resultados en las investigaciones. De hecho, se desconoce si existe alguna indagación para esclarecer y poner fin a este problema endémico del sistema penitenciario y carcelario.

Al silencio y temor de los detenidos que generalmente se niegan a denunciar la corrupción de caciques y guardia penitenciaria, se suma la ineficacia o falta de voluntad para investigar de la Fiscalía general de la Nación. Mientras este círculo permanezca intacto, “plumas” y “custodios”, seguirán beneficiándose de los micro-poderes que controlan la cotidianidad carcelaria.