4 Diciembre 2015 - 9:02am

Control político convocado por senador Alberto Castilla evidenció graves problemas en el sistema penitenciario

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El senador Castilla hizo énfasis en tres aspectos principales que evidencian las razones de este debate. En primer lugar señaló las falencias del suministro de agua en algunas cárceles del país, donde los internos no cuentan con una cantidad mínima del líquido.

El segundo elemento, es la baja calidad de los alimentos que reciben los prisioneros, al respecto, el Senador Castilla realizó una denuncia sobre la calidad de los endulzantes que allí son utilizados. Finalmente en lo referente al saneamiento de las cárceles, se mencionó el pésimo estado de las instalaciones de varias cárceles donde los detenidos padecen situaciones higiénicas alarmantes.

Durante el debate se expusieron cifras que revelan la pésima condición de los reclusos y la poca contundencia que han tenido las acciones emprendidas para contrarrestarlas, como el índice de hacinamiento que supera el 55% y la baja taza de inversión en resocialización que esta por debajo del 1%.

Otra de las cifras relevantes es el porcentaje de reincidentes en los centros penitenciarios del país, un 28% que no solo refleja la falla en la política carcelaria, sino también una mentalidad punitiva del estado, que afecta la reintegración de quienes ya pagaron sus condenas.

Al respecto el senador Luis Evelis Andrade señaló "que es necesario encontrar una alternativa que permita establecer una política penitenciaria diferencial  preventiva y reparadora".

En el ámbito de la salud, se habló de la preocupante situación que padecen las mujeres en las cárceles, debido a la falta de atención médica y más aún las madres lactantes y gestantes a quienes no se les garantiza ningún tipo de tratamiento o atención psicológica. El mayor agravante de esta situación son los $7500 con que son alimentados diariamente una madre y su hijo en reclusión.

A esto se suma la no atención a enfermedades infecto-contagiosas o con heridas graves, que empeoran debido a la situación de hacinamiento, y  los internos farmacodependientes que según Min Justicia apenas suma 304 internos, cifra que según el senador Andrade es falsa y constituye un subregistro que busca dilatar el proceso y ocultar la crisis.

El senador Víctor Correa hizo énfasis en la necesidad de reformar la política criminal, pues buena parte de las personas privadas de la libertad están relacionadas con la pobreza y es evidente que la política criminal hoy impartida es poco preventiva y poco reparadora.

Además, aseguró durante su intervención, "que es sumamente peligroso  la construcción de cárceles a través de alianzas privadas ya que para su opinión personal el privado busca el lucro y eso se convierte en una herramienta perjudicial".

El debate concluyó con la petición del senador Carlos Soto de no terminar  el tema aún y postergarlo para tratar algunos asuntos que requieren verificación. A pesar de ello se alcanzaron algunas conclusiones.

El derecho a la salud no es solo atender cuando se está enfermo, las determinantes sociales como la alimentación y las condiciones de reclusión son factores fundamentales en este aspecto, lo que demuestra un fracaso enorme en la perspectiva de la salud pública. Aseguró el Senador Víctor Correa.

Por  otro lado se abordó el tema de la licitación para la construcción de nuevos centros de reclusión y la administración del servicio de salud en ellos.

A través de este debate, logró ponerse en evidencia la crisis humanitaria de las cárceles y se llamó la atención sobre las advertencias hechas anteriormente desde la contraloría y la defensoría del pueblo, además de la advertencia de cerrar la cárcel La Tramacua, y las que sean necesarias, si no están en condiciones de mantener dignamente a las personas privadas de la libertad.

Aunque no se presentó el representante de CAPRECOM, la viceministra de protección social Carmen Eugenia Dávila y el director del INPEC Jorge Ramírez, respondieron a estas acusaciones planteando la definición de un nuevo modelo especial de atención a la población carcelaria, el cual entraría en vigor una vez se hayan adelantado los procesos jurídicos del caso.

Estaremos atentos al desarrollo de este debate y su conclusión en la próxima sesión de la comisión.