La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las amenazas y el hostigamiento del que ha sido víctima la comunidad residente en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-.

Desde hace varios años, la Defensoría del Pueblo a través de sus Alertas Tempranas ha advertido que Usme se encuentra en un escenario de inminente riesgo por la presencia de grupos armados ilegales pos desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- (específicamente las AGC), dado que la localidad tiene un valor estratégico para el ejercicio del poder sobre las economías ilegales, al disponer de importantes espacios rurales y corredores naturales y viales que favorecen la comunicación hacia la región del Sumapaz. No obstante, los propósitos de control trascendieron la captación de rentas ilícitas y la expansión de los  nuevos mercados, extendiendo el repertorio de violencia a la población civil y socavando los procesos sociales de organización comunitaria y de reivindicación y defensa de los derechos humanos a nivel local: las amenazas, persecuciones y otros estados de violencia a líderes y lideresas por medio de múltiples conductas intimidatorias han impactado la continuidad de su trabajo a nivel barrial o local y han profundizado la ruptura del tejido social. Ahora bien, a esta forma de control se aúnan las amenazas de exterminio, bajo la mal llamada figura de ‘limpieza social’, en contra de poblaciones socialmente estigmatizadas, esta amenaza se extiende a la localidad de Ciudad Bolívar. Esta última modalidad enmarca los eventos que pretenden denunciarse ulteriormente, acentuados al comprometer el ejercicio y la garantía del derecho fundamental a la protesta pacífica.

i) El día domingo 16 de mayo, cerca de las 10:00 p.m., en el sector de la “y” en inmediaciones del colegio José Estación Rivera, en la localidad de Usme, mientras arribaba a su casa luego del plantón en el ‘puente de la dignidad’, una ciudadana que se encontraba ejerciendo su derecho a la protesta social fue arremetida por los disparos de ignotos sujetos en motocicleta, los cuales, por suerte, no lesionaron su integridad.

ii) El 19 de mayo, personas de la localidad de Usme recibieron un panfleto que establecía un toque de queda a las 9:00 p.m. para toda la población, bajo pena de ajusticiamiento y muerte, y que aseveraba crudeza “sin importar si en medio del fuego cruzado ca[ían] niños, madres, padres, esposos, esposas”. Asimismo, anunció el inicio de la ‘limpieza’. Panfleto de presunta autoría de las AGC.

iii) El día jueves 20 de mayo, ha circulado la imagen de un panfleto de la localidad de Ciudad Bolívar, firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el cual señala que “…en vista de que la población no quiere captar al llamado nos vemos en la obligación de actuar por la fuerza y alas malas no nos hacemos responsables si en el medio del fuego cruzado caen niños, madres, padres, esposos, esposas…” En dicho comunicado, presuntamente de autoría de AGC, anuncian un toque de queda desde las 9:00 pm para toda la población, así como el inicio de la “limpieza social”.

Condenamos categóricamente estos hechos, rechazamos todas aquellas transgresiones suscitadas con ocasión del ejercicio del  derecho constitucional a la protesta social y sus prerrogativas conexas (libertad de expresión, de asociación, de locomoción y el derecho a la participación; C.P. Arts 20, 38, y 40 y Sentencia T-518/92, Sentencia C-150/15, Sentencia C-223/17) y expresamos nuestra profunda preocupación por la ausencia de garantías reales para la participación en Colombia, en el marco del Paro Nacional.

Las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales en las últimas semanas respecto de las vejaciones derivadas de la estigmatización de las personas manifestantes y activistas, hacen que, sobre el particular, sea colegible el riesgo en que se encuentra la localidad de Usme y Ciudad Bolivar. Por ello, ante esta alarmante situación que compromete de manera seria y directa los derechos fundamentales a la vida, la integridad, la seguridad y la libertad personal de quienes ejercen su derecho a la protesta social, exigimos:

1. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad integral de estas amenazas y atentados.
2. Al Estado Colombiano, que haga efectivos y seguros los mecanismos de protesta social en el país, y que remueva el lenguaje que estigmatiza y criminaliza a las personas manifestantes y cualquier otro discurso legitimador del ajusticiamiento privado.