31 Octubre 2019 - 9:53am

Comunicado público

Comunicados / Construcción de paz

Los delegados de la sociedad civil y las invitadas permanentes de las plataformas de mujeres en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad manifestamos nuestra más profunda preocupación por los altos niveles de violencia ejercidos contra los exintegrantes de FARC-EP, que según datos de la ONU (para el viernes 25 de octubre) ascienden a 158 homicidios.

Consideramos además pertinente, resaltar y rechazar enfáticamente el reciente asesinato de Alexander Parra el día 24 de octubre, al interior del ETCR de Mesetas (Meta), puesto que la seguridad de dichos espacios está a cargo de la Fuerza Pública; es decir, la responsabilidad directa recae en el gobierno nacional. Este hecho se suma a los atentados a las sedes de los partidos Comunista y FARC, el pasado 11 de octubre, que son ejemplo de los llamados delitos de odio, que tanto daño le hacen a la democracia; y a la masacre ocurrida el 29 de octubre en Tacueyó, norte del Cauca, de cinco civiles; 4 miembros de la guardia indígena y una autoridad indígena.

Por tanto, insistimos en la necesidad de activar en debida forma la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual debe ser convocada y presidida por el presidente Iván Duque Márquez, y debe estar antecedida de las deliberaciones necesarias entre sus miembros para cumplir el propósito misional de dicha Comisión, que es el de diseñar, poner en funcionamiento y supervisar una política pública de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres y amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

Mantener suspendida la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, como lo está haciendo el Gobierno, no solamente es incumplir el decreto-ley 154 de 2017, que la creó, sino privarse de las herramientas institucionales adecuadas para hacer frente a esta grave oleada de atentados contra el derecho a la vida, que corresponde al Estado proteger.

Jaime Caycedo Turriago Rosa Salamanca

Comisionado experto de sociedad civil

Camilo González Posso Gustavo Gallón Giraldo

Comisionado experto de sociedad civil 

Franklin Castañeda Villacob Claudia Mejía Duque

Comisionado delegado por las plataformas de DDHh

Gustavo Gallón Giraldo

Comisionado delegado por las plataformas de DDHH

Rosa Salamanca                     

Invitada permanente por Organizaciones de mujeres

Claudia Mejía Duque

Invitada permanente por Organizaciones de mujeres

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