Esto por el desconocimiento total de las normas mínimas para el tratamiento de los reclusos (as) de Naciones unidas, y el conjunto de acuerdos y tratados internacionales firmado por partes del Estado colombiano.

Si el desarrollo de una democracia se mide en la forma como trata a sus prisioneros, qué podemos decir de nuestro país, con un gobierno que ha demostrado su incapacidad de resolver las necesidades básicas de su población, que tiene que acudir al engaño para sofocar las exigencias de las masas empobrecidas. Lo que termina generando más inconformismo e indignación, porque "más rápido cae un mentiroso que un cojo", el gobierno de JUAN MANUEL SANTOS no le cumplió a los campesinos; a los estudiantes; ni a la clase obrera, porque siguen los despidos masivos y la pauperización de las condiciones laborales; tampoco le cumplió a los transportadores; a la rama judicial la tiene embolatada y mucho menos nos va a cumplir a los presos. 

Los doce puntos para resolver la crisis carcelaria anunciada con bombos y platillos por el Ministerio de Justicia en el año 2013, sólo quedó en promesas y en el limbo. Mientras arreció las leyes para el aumento desproporcionado de las penas, la exclusión de beneficios administrativos y subrogados penales, que han agudizado el problema humanitario al interior de las cárceles más parecidas a campos de concentración NAZI.

En este sentido insistimos en que se debe declarar la EMERGENCIA SOCIAL CARCELARIA en Colombia. Hoy se hace más urgente la intervención del Instituto de Salud Departamental en el complejo de Cúcuta, tenemos 7 patios en vigilancia EPIDEMIOLÓGICA por brotes de VARICELA y TUBERCULOSIS (TBC); el personal del área de sanidad no da abasto para atender a los enfermos (as),un solo médico no alcanza , lo que genera represamiento en citas prioritarias, urgencias, y tratamiento especializado  tampoco alcanzan los medicamentos, los enfermos que son recetados no reciben el tratamiento que requieren, hasta el acetaminofén se acabó, los pacientes se ven abandonados en calabozos, pasillos y patios, sin poder acceder a la atención médica, o a pastillas para calmar el dolor y la fiebre.

Señor procurador regional, señor gobernador, señor alcalde de Cúcuta, señores secretaria de salud, señores Jueces de Ejecución de Penas de Cúcuta, esto que venimos denunciando es otra forma de tortura física y psicológica, ustedes como autoridades de la región tienen el deber de apropiarse de estas denuncias, verificarlas y buscar soluciones a La violación de derechos humanos.

Exigimos la presencia de la doctora HEDDY YASMIT TUTA GARCIA directora territorial de CAPRECOM norte de Santander para que atienda nuestras denuncias y responda por el pésimo servicio de salud que nos brinda esa E.P.S.

Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para que por favor nos acompañe y haga seguimiento a la crisis carcelaria en Colombia, especialmente en el Complejo Penitenciario de Cúcuta, y emita recomendaciones al Estado Colombiano para que cese las violaciones a los DERECHOS HUMANOS en estos campos de concentración.

Advertimos al INPEC, CAPRECOM, VIONCO, y demás autoridades que resultan comprometidas por acción u omisión que no desistiremos de la lucha y la denuncia hasta lograr se decrete la emergencia social en esta prisión como la única salida razonable para empezar a resolver la crisis humanitaria al interior de estos campos de concentración. La muerte de 21 de nuestros compañeros por negligencia médica no quedara en la impunidad. El estado colombiano debe responder por ellos. Pedimos a la Fiscalía General de la Nación que se apropien de las respectivas investigaciones por cada uno de nuestros compañeros muertos a fin de que se establezcan los responsables de estas prácticas o políticas que pueden definirse como terrorismo de estado.