La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 presenta ante la Corte la siguiente intervención ciudadana en marco del proceso de control constitucional al Decreto 546 de 2020.

El pasado 12 de Mayo de 2020 la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 que reúne a varias personas y organizaciones de la sociedad civil para el seguimiento del actual estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria y la evolución de las estrategias del Estado para superarlo, presentó ante la Corte una intervención ciudadana en marco del proceso de control constitucional al Decreto 546 de 2020, mediante el cual se toman las medidas necesarias para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2.

En la intervención se pone de manifiesto que a pesar de que el objetivo de reducir el hacinamiento de los centros penitenciarios del país para evitar la propagación del virus SARS- CoV-2 es urgente, necesaria y constitucional, la forma en que el Gobierno reglamentó la misma, creando un sistema de exclusión del beneficio excesivamente amplio, deja por fuera a la mayor parte de las personas privadas de la libertad, y no permite que la medida sea suficientemente efectiva para solucionar la crisis humanitaria y de salud pública que se vive en las cárceles debido a la pandemia. Por esto, considera que el Decreto no tiene la idoneidad suficiente para solucionar la problemática a la que está dirigida.

Particularmente expone los siguiente problemas constitucionales:  i) la violación de la presunción de inocencia, de la libertad personal y del carácter excepcional de la detención preventiva debido a la exclusión automática por tipo de delito; ii) la violación del principio de proporcionalidad penal por la exclusión general de delitos leves para recibir el beneficio (algunas modalidades de hurto, el concierto para delinquir simple y los delitos leves de drogas); iii) la constitucionalidad condicionada de excluir del beneficio transitorio a personas vulnerables al COVID-19 según tipo delictivo teniendo en cuenta las deficiencias del sistema penitenciario y carcelario; iv) la violación a los derechos de petición, al debido proceso y de acceso a la justicia por la falta de mecanismos procesales para que personas condenadas puedan solicitar el beneficio; y vi) la violación de la Constitución por la falta de adecuación del término de vigencia establecido para los beneficios transitorios.

Además de esto, la Comisión también presenta algunas consideraciones relevantes para el control constitucional sobre la jurisdicción especial indígena con la implementación del Decreto y el problema del regreso al hacinamiento luego de la superación del estado de emergencia. Para la Comisión, si estos problemas de constitucionalidad son subsanados por la Corte, el Decreto podría cumplir el requisito de proporcionalidad y ser una medida idónea de respuesta a la emergencia del SARSCov-2.

Encuentra aquí la intervención completa.