21 Octubre 2022 - 4:42pm

CLAMAMOS POR VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTIAS DE NO REPETICIÓN.

Comunicados / Coaliciones

En agosto de 2020, con el respaldo de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de víctimas de Boyacá “Vida Memoria y Dignidad.”, fue radicado ante esa Sala de justicia el informe denominado “Boyacá: Sembrando Justicia, Memoria y Dignidad.” Entre otros, con el claro propósito de conminar a la Jurisdicción a priorizar y en consecuencia, asumir la investigación de los casos de ejecuciones extra judiciales y desapariciones forzadas ocurridas entre los años 2001 al 2008 perpetrados por integrantes de las diferentes unidades militares con jurisdicción en el departamento de Boyacá.

Por lo menos, según dicho Informe, fueron SETENTA Y CUATRO personas, seres humanos, hombres y mujeres en su gran mayoría campesinos, que fueron presentados cómo muertos en combate, supuestos éxitos operacionales en procura de ganar la guerra. Setenta y cuatro padres, madres, hijos, hijas, hermanos, hermanas que fueron ejecutados sin respeto alguno de sus derechos fundamentales, lamentablemente se impuso la práctica sistemática y generalizada en al 99% del territorio nacional, de las ejecuciones extrajudiciales mal llamados “falsos positivos”.

El pasado 8 de julio del año en curso, en la ciudad de Tunja, nos reunimos QUINCE ciudadanos, personas sencillas sin deuda alguna con la ley, siempre ajenos al conflicto armado, trabajadores, campesinos, estudiantes todos y todas victimizadas por Agentes del Estado, motivados por el deseo de conocer algún avance, alguna noticia en relación con las investigaciones penales a cargo del Estado. 

Hoy, luego de más de dos años de la entrega del Informe, y cuando otras unidades militares priorizadas por la Sala ya se acercan a estados conclusivos, al menos en lo que corresponde a la Competencia de esa sub sala, a portas de finalizar las intervenciones sobre las Unidades militares con jurisdicción en los departamentos de Casanare, Caribe, y Catatumbo, en particular; hacemos un sentido y urgente llamado a la magistratura para que sin más preámbulos, abran el sub caso Boyacá permitiéndonos renovar nuestras esperanzas y nuestra fe en la administración de justicia colombiana.

Conoce la carta abierta aquí.