La Asociación Campesina del Norte de Antioquia (ASCNA), la Asociación de Campesinos en Vía de Extinción (ASCAVEX), las Juntas de Acción Comunal afectadas del municipio de Campamento y La Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica de Antioquia estamos aún afligidas por la manera en que la presencia del Estado en los territorios se ha traducido en la utilización de hombres armados de la fuerza pública, tanto del Ejercito como del Esmad. Con sus acciones, atentan contra el campesinado, su seguridad, su bienestar y su buen vivir.

No olvidamos el asesinato en manos del Ejército Nacional del campesino Ariolfo Sánchez Ruíz, hecho ocurrido el pasado 20 de mayo en el municipio de Anorí. Seguiremos exigiendo justicia, respeto y garantías por parte del Estado de Colombia a los derechos humanos de las comunidades campesinas.

El incumplimiento del gobierno al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y la insistencia en la erradicación forzada han motivado la oposición de las comunidades campesinas y nos ha llevado a realizar actos de movilización y denuncia, recibiendo atropellos por parte del Estado, como lamentable ha ocurrido en el país. Es por esto por lo que alertamos a todas las autoridades civiles, militares policiales por posibles hechos, agresiones, vulneraciones y violaciones contra los derechos humanos para estas comunidades campesinas, las cuales se siguen movilizando de manera legítima en el municipio de Anorí. Llamamos al Ministerio Público para que sea garante de los derechos y las garantías de las y los manifestantes. Además, invitamos a toda la comunidad, organizaciones y movimientos sociales a respaldar estas acciones y denuncias.

Por lo ocurrido y por la negligencia al diálogo y el uso desmedido de la fuerza, responsabilizamos al Estado, en cabeza del Gobierno de Iván Duque, por cualquier afectación contra la vida, la integridad, la dignidad de las comunidades campesinas que ejercen el uso de la protesta social. Llamamos nuevamente al Estado de Colombia para que en uso del Estado Social de Derecho cumpla, de manera impostergable, todos los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas. Reconocemos la férrea voluntad del campesinado por avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, pero somos testigos del aplazamiento generalizado y la falta de voluntad de Iván Duque por obrar conforme al Punto 4 de los acuerdos de paz. Exhortamos al presidente de la República a retomar de manera objetiva la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito como estrategia prioritaria hacia la salida al problema de las drogas ilícitas.

Apoyan:

Proceso Social de garantías para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Antioquia

Corporación de Derechos Humanos Gustavo Marulanda

Corporación Jurídica Libertad CJL

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño

CAHUCOPANA

Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente de Antioquia

Movimiento Ríos Vivos

Fundación Sumapaz

Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- Seccional Antioquia

Mujeres Caminando por la Verdad

Análisis Urbano

Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades