La Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional las amenazas, el asedio y la violencia de la que ha sido víctima la comunidad residente en el barrio ‘El Espino’ Sector III, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, por parte de los tierreros de la zona.

En reiteradas ocasiones, a través de sus Alertas Tempranas, la Defensoría del Pueblo ha corroborado el escenario de riesgo a que se encuentra sujeta la población civil de Ciudad Bolívar, por la presencia de Grupos Armados Ilegales Posdesmovilización de las AUC (GAIPAUC), entre ellos:  las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ -AGC-, las ‘Águilas Negras Bloque Capital’, y ‘Los Paisas’. De los factores que inciden en el control territorial por las economías ilegales, se destacan: i) el valor estratégico de la ubicación de la localidad, dada la proximidad que tiene con los centros empresariales de Mosquera y Soacha, y la comunicación que brinda entre Bogotá y el sur, y oriente del país (sin mencionar que cuenta con zonas de frontera en expansión); ii) las vulnerabilidades socioeconómicas presentes en el territorio; y, iii) la limitada prestación de servicios sociales por parte del Estado.

Aunado a lo anterior, se formula que estos grupos criminales flexibilizaron su estructura organizativa según la forma de funcionamiento de las  economías ilegales, basadas principalmente en redes y nodos, y no en estructuras jerárquicas, lo cual les ha permitido expandir y fortalecer su presencia territorial, v.gr mediante el sometimiento de pandillas y "parches", o la  cooptación de "combos", bandas y estructuras ilegales con capacidad y reputación de control a nivel local; se trata de una tercerización criminal que ha repercutido en el incremento de las amenazas, extorsiones, desplazamientos interurbanas y homicidios.

Con todo, Ciudad Bolívar ha sido también objeto de los intereses de “urbanizadores piratas” o “tierreros” quienes, aprovechando la subsistencia de sectores informales y el arribo de poblaciones en situación de alta vulnerabilidad, han liderado procesos de especulación en el uso y comercialización del suelo urbano, es decir, han incentivado la ocupación irregular de predios, profundizando los factores de vulnerabilidad de la zona. Debe mencionarse que detrás de estas actividades se presume que están los actores armados, quienes han impulsado y usufructuado la venta de los lotes, con el propósito de financiar la instalación de los negocios asociados al narcotráfico. En este escenario se enmarcan los hechos que denunciamos a continuación.

1. Desde el día 13 de mayo, los residentes del barrio ‘El Espino’ Sector III, en la localidad de Ciudad Bolívar, han sido víctimas de amenazas, conminaciones e intimidaciones por parte de “tierreros”, quienes han arribado a la zona con el objetivo de amedrentar y violentar a los habitantes, y desplazarlos de sus viviendas.
2. Como resultado de las tensiones ha habido agresiones físicas y enfrentamientos armados.
3. La presencia de los actores, se ha realizado en compañía de miembros de la Policía Nacional, quienes, sin portar su identificación, han amenazado también a los habitantes.
4. Producto de estos eventos, los ciudadanos han empezado a desplazar a los menores de edad fuera de la zona.

Ante la recomposición de las estructuras criminales en Bogotá, y los antecedentes de su influencia en Ciudad Bolívar, con los propósitos logísticos y económicos enunciados, es colegible que la comunidad se encuentra en un riesgo individualizable, importante, cierto y en extremo desproporcionado, susceptible de materializarse en nuevas amenazas, desplazamientos forzados, y en homicidios. Expresamos nuestra profunda preocupación por el escenario de violación de derechos humanos, y por la presunta participación en los eventos de miembros de la Fuerza Pública, y exigimos:

1. A la Fiscalía General de la Nación, que investigue los hechos y establezca la responsabilidad integral de las intimidaciones y amenazas de desplazamiento; aún más, que estudie de manera integral la situación sistemática de violaciones a los derechos humanos en la localidad de Ciudad Bolívar.
2. A la Policía Nacional, que investigue en el marco de sus funciones a los uniformados que participaron en los eventos que aquí se denuncian.
3. A la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que diseñe e implemente estrategias efectivas de seguridad y acciones con enfoques de género, territorial y de población vulnerable, que permitan reducir las problemáticas y factores de riesgo que afectan a Ciudad Bolívar.
4. A la Defensoría Regional del Pueblo, que realice una visita a la localidad en función de verificar la situación de derechos humanos que allí se presenta.
5. A la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que establezca políticas públicas efectivas para el desmonte de las organizaciones criminales que sistemáticamente vulneran los derechos de la población civil.
6. Al Estado Colombiano, que reconozca la continuidad del paramilitarismo en el país, y que lo enfrente de manera contundente con mecanismos que lleven al desmonte real de sus estructuras y de sus financiadores.