Gobierno Duque finge la paz, reinventa la guerra y retrocede en derechos humanos: Plataformas de Derechos Humanos.

Alerta por regresión del país en materia de derechos humanos y pérdida de la paz

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La articulación como respuesta organizativa del movimiento social y de derechos humanos.

Responder a la actual coyuntura de ataques contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia es un reto que pone constantemente a prueba las acciones más consagradas y obliga al movimiento social y de derechos humanos a repensar viejas fórmulas de exigibilidad e incidencia, que recojan las lecciones aprendidas de años de trabajo. En ese sentido, el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc-ep marcó unos lineamientos claros en materia de protección y garantías de seguridad, en un escenario de terminación del conflicto entre ambos actores que sin embargo reconoció la persistencia de un entramado de grupos armados sucesores del paramilitarismo que dificultaría la consecución de una paz completa, estable y duradera.

No obstante, el panorama expuesto en el presente capítulo, que recopila la labor de documentación histórica de las organizaciones defensoras de derechos humanos y el movimiento social colombiano, evidencia claramente la falta de garantías de un Estado empecinado en fragmentar y acorralar la violencia en la ilegalidad criminal, como única responsable del eterno regreso a la guerra; sin afrontar el componente sistémico y estructural del fenómeno de violencia, que incluye también al mismo Estado.

Frente a este escenario destaca la respuesta articulada que se ha logrado construir por parte de la sociedad civil, a través de un espacio único de interlocución y concertación con el Gobierno, denominado La Confluencia, que congrega los espacios históricos en la materia, como el Proceso Nacional de Garantías y la Subcomisión de Derechos Humanos de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; además de las plataformas de mujeres y derechos humanos, junto con los delegados y delegadas de la sociedad civil ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Este espacio ha venido trabajando desde el año 2018 en el posicionamiento de una agenda común que contiene cuatro puntos claves: 1. La política pública de garantías a la labor de las personas defensoras de derechos humanos; 2. La reingeniería de la Unidad Nacional de Protección (UNP); 3. La implementación del Protocolo de Protesta Social (Resolución 1190 de 2018); y 4. La política pública de desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.

Esta incidencia conjunta desde la sociedad civil, de la mano del respaldo de la comunidad internacional, en especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Segunda Misión de Verificación de la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-Oea) y la Delegación de la Unión Europea, junto con varias de las misiones diplomáticas que hacen presencia en el país, ha facilitado que pese a las distancias existentes con el actual Ejecutivo, este haya decidido reactivar los mecanismos de diálogo históricos para la concertación.

Esto ha permitido que desde finales de 2018 se diera inicio a la discusión formal sobre la reingeniería de la UNP, y a partir de julio de 2019 se empezaran las sesiones de diálogo con el Gobierno para la promulgación de una Política Pública de Garantías a la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Próximamente también está prevista la activación de conversaciones para abordar la implementación del Protocolo de Protesta Social y la constitución de la Mesa de Seguimiento al respeto y garantía de la protesta pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella; un espacio de diálogo contemplado en la Resolución 1190 de 2018 que busca avanzar en la creación de mecanismos idóneos que garanticen los derechos de quienes deciden salir a las calles a manifestarse.[1]

Al espacio de La Confluencia se suma el de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada en el marco del punto 3.4.3 del Acuerdo de Paz, que únicamente ha sido convocada en dos ocasiones (enero y agosto de 2019) durante el actual mandato, pese a que por ley debería haber sesionado doce veces, una por mes.[2] Se espera que próximamente, en el marco de la CNGS, se dé inicio al mandato regulado por el Decreto Ley 154 de 2017 de diseñar y hacer seguimiento a la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, con base en una propuesta que fue presentada por los delegados y delegadas de la sociedad civil en la última sesión de esta instancia, el 12 de agosto de 2019.[3]

Dicha iniciativa, todavía en construcción, concibe seis ejes de acción en: i) prevención, ii) medidas de protección urgente, iii) acción operativa en terreno, iv) desestructuración e investigación penal, v) sometimiento y reinserción, y vi) seguimiento y evaluación. De cada eje se desprenden distintas líneas de trabajo y fases de desarrollo secuenciales y/o simultáneas. Su puesta en marcha parte de un ejercicio previo de caracterización y definición del marco teórico, a partir del cual se avanza en las etapas concretas de diseño e implementación, atravesadas por los enfoques territorial, transnacional, de género, étnico, intercultural, etario e inter-seccional; y por las dimensiones política, económica, sociocultural y militar que definen el actuar de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo.[4]

Paralelamente a esta labor, el 30 de mayo de 2019 se reactivó la Mesa Nacional de Garantías, el espacio tripartito de interlocución constituido en 2009 y conformado por el Gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional en cabeza del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien ostenta la secretaría técnica, el cual se ha convertido en uno de los escenarios históricos para la definición de medidas en materia de prevención, protección, investigación y género, en el marco de las garantías de seguridad. En dicha mesa se logró acordar un calendario de reactivación e instalación de Mesas Territoriales de Garantías, con el fin de evaluar la situación de seguridad en las regiones y concertar medidas específicas en la materia con Gobernaciones y Alcaldías.

En el actual mandato, y hasta la fecha, se han llevado a cabo sesiones en Cauca (31 de mayo de 2019) y Chocó (19 de julio de 2019), a la espera de que se concreten las de Valle del Cauca y Nariño (incluyendo una mesa propia para la Costa Pacífica Nariñense), y que se hagan efectivos los compromisos ahí adquiridos. Es importante tener presente que en estas mesas confluye tanto el Proceso Nacional de Garantías como la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en una apuesta clara por unir esfuerzos también desde lo territorial.

Ahora, si bien es cierto que las acciones de exigibilidad e incidencia de las plataformas de derechos humanos y el movimiento social han logrado el avance en la convocatoria de estos espacios clave, el Estado ha seguido adelantando una suerte de paralelismo institucional por medio del Plan de Acción Oportuna, que aísla la participación de la sociedad civil y desconoce por completo los mandatos del Acuerdo de Paz en materia de garantías de seguridad. A esta política de duplicidad se ha sumado una mediática campaña de la Procuraduría General de la Nación, por medio de las denominadas Mesas por la Vida, las cuales aterrizan espacios de encuentro en los territorios para analizar la situación de seguridad, sin que se conozcan compromisos institucionales concretos, derivados de las mismas, desconociendo el trabajo que ya vienen adelantando las Mesas Territoriales de Garantías.

Todo ello de la mano de una nueva Política de Defensa y Seguridad que no reconoce la persistencia de un conflicto armado y retoma viejas fórmulas del pasado, que priorizan el despliegue de la Fuerza Pública para combatir a los grupos armados en el territorio y la predominancia de autoridades militares sobre las civiles. Entre dichas fórmulas destaca la creación de Zonas Estratégica de Intervención Integral como áreas priorizadas de intervención militar y despliegue institucional; las redes de cooperantes conformadas por ciudadanos civiles a sueldo del Estado; o la autorización de porte de armas por medio de permisos especiales.

La protección de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y en particular de los derechos a la vida, la integridad personal y demás libertades, es un fin esencial del Estado Colombiano consagrado en la misma Constitución Política. Ello le impone al Gobierno una serie de obligaciones en aras de garantizar las condiciones necesarias para que sus ciudadanos lleven una vida digna, libre de amenazas y de zozobra en el desarrollo de sus proyectos de vida. Es tal la importancia de estas obligaciones que la protección a las personas defensoras de derechos humanos ha sido considerada un derecho fundamental en el ordenamiento jurídico, debido a que se comprometen no sólo los derechos individuales de la persona, sino también los derechos colectivos de las comunidades, y se ve afectado el espíritu democrático y participativo del Estado. Todo lo cual, junto con las obligaciones internacionales adquiridas, otorga a las personas defensoras una especial protección constitucional que debe verse reflejada en el despliegue de acciones efectivas para asegurar que no se materialicen los riesgos que enfrentan.

Ante el escenario descrito las propuestas de la sociedad civil son claras:

1. Implementar adecuada y efectivamente las distintas instancias contempladas en el Acuerdo de Paz, específicamente las relativas al punto 3.4, que involucran el desarrollo de garantías de seguridad para las personas, organizaciones y comunidades en el territorio, y el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo (principalmente según los Decretos 895 de 2017, 2124 de 2017 y 660 de 2018, el Decreto Ley 154 de 2017 y la Resolución 1190 de 2018).
2. Incorporar en el diseño institucional y político el enfoque de seguridad humana recogido en el Acuerdo de Paz, que va más allá de la militarización y seguridad personal, y contiene una noción holística y comunitaria de consecución de derechos y condiciones de vida digna.
3. Que el Estado deje de implementar instancias paralelas a las pactadas en el Acuerdo de Paz, las cuales desconocen los espacios históricos de interlocución y concertación, tales como el Plan de Acción Oportuna y las Mesas por la Vida de la Procuraduría General de la Nación.
4. Que las distintas instituciones e instancias incorporen los enfoques de género e inter-seccional de derechos que permitan visibilizar los patrones diferenciales. Es necesario que se reactive efectivamente la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos con el objetivo de superar el bloqueo institucional anotado y se aporten elementos de comprensión para el alcance y significado del enfoque de género en cada una de las rutas de garantías y protección.
5. Hacer efectiva la Directiva 002 de 2017 de la Procuraduría General de la Nación, y en consecuencia investigar y sancionar las actividades de estigmatización adelantadas por funcionarios y servidores públicos.
6. Que la Unidad Nacional de Protección pase por un proceso de reingeniería institucional que permita revaluar el sistema de asignación de medidas para que estas se adapten a las condiciones propias de los territorios, y se reconozcan y articulen con los mecanismos propios de autoprotección comunitaria.
7. Que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación: i) atienda el carácter sistemático de las agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos e integrantes del partido FARC; ii) investigue el conjunto de agresiones sufridas a nivel histórico, más allá de los homicidios y con anterioridad al año 2016; iii) incorpore los estándares nacionales e internacionales en materia de investigación diligente, seria y eficaz de manera que se llegue al desmantelamiento de las estructuras de poder detrás de las agresiones, y de los planes y patrones de criminalidad; y iv) surta la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de las agresiones

 

[1] González, Alexandra, “Un año de inconformidad. Así le fue a la protesta social durante el primer año del Gobierno de Iván Duque”, Campaña Defender la Libertad un asunto de todas y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), agosto de 2019. Disponible en: https://defenderlalibertad.com/wp-content/uploads/2019/08/INFORME-1-A%C3%91O.pdf

[2] Artículo 5 del Decreto Ley 154 de 2017.

[3] Ver en este Capítulo: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo. Estado de cumplimiento del punto 3.4. del Acuerdo de Paz”.

[4] 353 CSPP, “Segunda sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad durante el Gobierno Duque”, 14 de agosto de 2019. Disponible en: http://comitedesolidaridad.com/es/content/segunda-sesi%C3%B3n-de-la-comisi%C3%B3n-nacio-nal-de-garant%C3%ADas-de-seguridad-durante-el-gobierno-duque