La Campaña Defender la Libertad: asunto de todas rechaza la creación de un ambiente adverso para la defensa de los derechos humanos, al ejercicio del derecho a la libre expresión y a la protesta social a través del despliegue de acciones tendientes a criminalizar la participación de la sociedad en la movilización convocada para este 21 de noviembre

A la agresividad del discurso del Gobierno y el partido al que pertenece, que se ha usado como justificante para medidas, tales como, enviar directrices a los entes territoriales para la restricción de libertades ciudadanas en los próximos días, la militarización de ciudades como Bogotá, la detención de personas que promueven la participación en el paro y el uso de la policía para borrar y eliminar propaganda, se suma la realización de allanamientos y detenciones a personas integrantes del movimiento social, organizaciones defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y colectivos artísticos.

El día 19 de noviembre de 2019 desde las 6.00 de la mañana se llevaron a cabo -de acuerdo a la confirmación de las autoridades- la realización de 27 diligencias de allanamiento en Bogotá y el municipio de Soacha. Seis más se registraron en la ciudad de Cali y 4 en Medellín. Además, hubo 5 personas detenidas en Bogotá de las cuales 3 ya se encuentran en libertad.

Algunas de estas diligencias presentaron irregularidades al no desarrollarse conforme a los parámetros establecidos en la Ley 906 de 2004 como lo son, entre otras, el allanamiento a habitaciones y el registro de elementos no especificados en la orden; la presencia de personal de policía vestidos de civil y sin identificación; órdenes generales, difusas y sin fecha, autorizaciones al personal de policía para que ellos mismos decidan qué es elemento material probatorio cuando esto es papel de la Fiscalía; requisas corporales no autorizadas, actas incompletas y no concordantes con la realidad y la obstaculización para revisar tanto órdenes como actas.

Hoy, 20 de noviembre, en horas de la madrugada fueron detenidos militantes de la juventud comunista mientras pegaban carteles alusivos al paro convocado para el día 21 de noviembre. En el desarrollo de su detención, les manifestaron amenaza de judicialización por terrorismo. Luego, fueron trasladados por el teniente Alfonso Rodríguez a la estación Fray Damián. Allí, se les impuso comparendo y fueron dejados en libertad a las 6 de la mañana.

La realización de estos procedimientos investigativos y judiciales irregulares sólo redundan en el agravamiento de un contexto adverso para la labor de defensa de los derechos humanos, al deslegitimar el ejercicio de la protesta social y colocar a la ciudadanía en contra del ejercicio de derechos por medio de acciones institucionales que mandan un mensaje coercitivo. En efecto, insinuar o considerar públicamente que quienes participan de la movilización son terroristas, pertenecientes a un grupo armado o que han cometido conductas delictivas genera rechazo social e incluso provoca el hostigamiento al desarrollo de sus labores, en detrimento del papel central que la protesta juega en términos de participación democrática.

Hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación para que investiguen de manera preferente e imparcial las conductas que evidencian un uso arbitrario del poder por parte de los miembros del ejecutivo y la policía. De igual forma, instamos a las autoridades judiciales a actuar conforme a las garantías procesales dispuestas legalmente.

Finalmente, alertamos a la comunidad nacional e internacional del riesgo al que han sido expuestas las personas que han padecido de allanamientos injustificados y/o arbitrarios.