LA RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PACIFICO NARIÑENSE Y PIE DE MONTE COSTERO - REDHPANA[1] –  El COLECTIVO SOCIOJURIDICO ORLANDO FALS BORDA- COLECTIVO OFB, EL COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS- CSPP, INDEPAZ,  CORPORACIÓN REINICIAR Y COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO:

EMITIMOS ESTA ACCIÓN URGENTE ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA Y ANTE TODOS LOS ENTES DE CONTROL NACIONALES E INTERNACIONALES PARA QUE ACTÚEN EN DEFENSA DE LA VIDA, LA INTEGRIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS COMUNIDADES NEGRAS E INDÍGENAS DEL PACÍFICO NARIÑENSE

1. HECHOS

1. El 11 de noviembre de 2020 a las 2:30 pm fue asesinado a plena luz del día el señor Eibar Angulo Segura en el Consejo Comunitario La Nupa, vereda Porvenir, kilómetro 52 del municipio de Tumaco. Este hecho ocurrió frente a la mirada de varios de los habitantes de la comunidad entre los que se encontraban niñas y niños que compartían en el polideportivo, ubicado en el centro de la cabecera municipal. A lo largo de este año, el Consejo Comunitario La Nupa ha tenido que soportar varios hechos de asesinatos, amenazas, persecución y reclutamiento forzado, lo que ha causado desplazamientos y confinamientos.
2. Situación similar se vive en el corregimiento de Llorente y las Veredas la Guayacana y Candelillas del municipio de Tumaco, ya que a diario se reportan asesinatos, masacres, desapariciones y desplazamientos masivos que suceden frente a la vista de todos los habitantes, sin que estos puedan hacer algo; todo en el marco de las disputas por el territorio entre los grupos armados que operan en la zona, en la que se tiene una fuerte presencia del Ejército.
3. El Pueblo Indígena AWA, y en particular el Resguardo indígena Piguambí Palangala de Tumaco, se encuentra en medio de un enfrentamiento armado entre grupos al margen de la ley. Estos enfrentamientos vienen generando que muchos de los habitantes del territorio tengan que salir de sus casas a fin de salvaguardar sus vidas. Aquellas comunidades que no han logrado salir se encuentran confinadas, con restricciones a la movilidad o hacinadas, con limitación en sus alimentos para subsistir y con la zozobra de poder morir en cualquier momento.
4. En lo corrido del año van más de 17 comuneros indígenas asesinados en varios sectores rurales de la costa nariñense, entre las comunidades más afectadas está el resguardo Inda Sabaleta, territorio donde fue asesinado el guardia indígena Euliquio Pascal Rodríguez el 07 de octubre en horas de la tarde. Tres semanas antes de la muerte de Euliquio fue asesinado al líder social y profesor indígena Juan Pablo Prada en el resguardo Piguambi Palangala, corregimiento de Llorente y cinco indígenas más pertenecientes al resguardo de Sabaleta resultaron muertos, tres desparecidos y 500 personas desplazadas.  
5. En el casco urbano del municipio de Tumaco la ocurrencia de homicidios es casi diaria, con épocas agudas como la presentada en el pasado mes de octubre, en la que hubo más de 20 homicidios. Los desplazamientos masivos e individuales internos son latentes, el reclutamiento forzado tan sistemático como los demás hechos victimizantes. A finales del mes de octubre en el barrio San Martín, de la Comuna Dos, hombres que se movilizaban en una motocicleta lanzaron un maletín lleno de dinamita a un edificio comercial.
6. También a finales del mes de octubre se llevaron a cabo fumigaciones terrestres con glifosato en el marco de las erradicaciones forzadas autorizadas por el Gobierno Nacional en los Consejos Comunitarios Libertador y Río Tapaje del municipio de El Charco, causando graves afectaciones a cultivos de pan coger y cegando cualquier posibilidad de paz, pues las operaciones se llevan a cabo utilizando métodos de amedrentamiento y ataques directos a la población civil.
7. El 25 de octubre le fue notificado al municipio de Roberto Payán, por parte de la Policía Nacional, el inicio de actividades de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión terrestre, desconociendo los Acuerdos de Sustitución Voluntaria firmados por las comunidades, que han visto cómo fueron engañados y burlados por el Gobierno Nacional al momento de suscribirlos.

Estos hechos son tan solo una muestra de la grave situación de la región, un reporte de lo acontecido solamente durante la última semana. Es el panorama constante al que se ha venido acostumbrando la opinión pública y el Gobierno Nacional, pero al que no pueden acostumbrarse los habitantes de la región.

1. CONTEXTO

Las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense se encuentran frente a un riesgo inminente por las acciones y operaciones emprendidas a manos de grupos armados legales e ilegales que por disputas territoriales han generado la muerte de centenares de personas. Los habitantes de la región están inmersos en un escenario de terror y de zozobra por la ocurrencia continua de hechos victimizantes y atroces en contra de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, tales como asesinatos, masacres, desplazamientos forzados, confinamientos, desapariciones forzadas y reclutamiento de menores.

En este momento el territorio está padeciendo las consecuencias de los hechos perpetrados por los diferentes grupos armados que se lo disputan, pero también ha tenido que soportar las consecuencias de la decisión que tomó el Gobierno Nacional de negarse a cumplir los acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos. En lugar de eso, lo que se ha visto es un aumento de los operativos de erradicación forzada manual y aspersiones terrestres con glifosato, medidas que con el pasar del tiempo han demostrado ser ineficaces para combatir el problema del narcotráfico, pero sumamente efectivas para mantener a la población empobrecida y sumida en la violencia. Acciones del Gobierno Nacional que a todas luces resultan contrarias a los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos suscritos por las comunidades en el territorio y que no guardan consonancia con lo establecido en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, lo que se significa que no se está cumplimiento de buena fe dicho Acuerdo.

1. PETICIONES URGENTES

Al Gobierno Nacional: Brindar garantías de protección integrales y urgentes para las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense, y que se cumplan de buena fe el Acuerdo Final de Paz y los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.

Al presidente de la República Iván Duque: Emitir un pronunciamiento oficial sobre la posición gubernamental que se tiene frente a la problemática social que afronta la región y una respuesta concreta a la exigencia de cumplir lo pactado en los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito.

Al Alto Comisionado para la Paz y a la Consejería Presidencial para el Posconflicto: Realizar un informe completo de las medidas que se han tomado en la región del Pacífico Nariñense para dar cumplimiento a los Acuerdos de Sustitución Voluntaria de Cultivos de Uso Ilícito, señalando con claridad el presupuesto destinado para estos planes y el nivel de cumplimiento que a la fecha se tiene.

Al Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional: Informar sobre los planes de erradicación manual y erradicación terrestre con herbicida que se están llevando a cabo en los municipios del Pacífico Nariñense.

A la Fiscalía General de la Nación: Garantizar celeridad en las investigaciones frente a la ocurrencia de los diferentes hechos delictivos al interior de las comunidades étnicas del Pacífico Nariñense.

A la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a las Personerías municipales: Dar impulso y seguimiento a las diferentes acciones de protección y defensa de los derechos humanos en el territorio.

A la Comisión Nacional de Garantías: Convocar un espacio de concertación respecto de los lineamientos de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales para el caso concreto del Pacífico nariñense, considerando que en el territorio existen grupos sucesores del paramilitarismo y neoparamilitares, disidencias de las FARC y del ELN. En este espacio de discusión es fundamental que se garantice la participación efectiva de la sociedad civil, los líderes sociales y defensores de derechos humanos. 

A la Comunidad Nacional e Internacional y Organizaciones Solidarias: Difundir y respaldar la presente acción urgente.

IV. NOTIFICACIONES

Cualquier notificación dirigirla a las direcciones electrónicas juridico_tumaco@cofb.org.co y juridico@cofb.org.co; a los teléfonos 316 8235805 – 3147324302; o a la dirección Calle 19 No. 3A-37, Oficina 1105 - Bogotá.

Cordialmente,

RED DE DERECHOS HUMANOS DEL PACIFICO NARIÑENSE – REDHPANA.

COLECTIVO SOCIOJURIDICO ORLANDO FALS BORDA- COLECTIVO OFB,

COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLÍTICOS- CSPP,

 INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ – INDEPAZ.

CORPORACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DDHH – REINICIAR,

COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CCAJAR.

 

[1] La REDHPANA es un proceso social de diálogo y articulación de organizaciones sociales, de derechos humanos y étnicas del Pacífico Nariñense en la que participan: RECOMPAS, ASOCOETNAR, CAMAWARY, ACIESNA, UNIPA, JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL, Fedecomunal, Asociación de Consejos Unidos de Magüí Payán, Mesa Interétnica de Tumaco, Voces del Pacífico, Asociación de Porvenir Campesino - ASOPORCA, Palenque Afrourbano, Mesa Municipal de Mujeres de Tumaco, Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco, Asociación Piernas Cruzadas- Barbacoas, ABC Pazcífico, Sindicato del Magisterio de Nariño - SIMANA –Tumaco, SEUPAL, Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Río Tablón Dulce, Consejo Comunitario Rescate Las Varas, Consejo Comunitario Bajo Jagua, Consejo Comunitario La Esperanza (Municipio La Tola), Consejo Comunitario La Nupa, Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador (Iscuandé), Consejo Comunitario Pro Defensa (El Charco), Consejo Comunitario Unión de Cuenta (Roberto Payán), Asociación Luz de Esperanza,  Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda – COLECTIVO OFB, con apoyo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos- CSPP, INDEPAZ y Reiniciar.