La huelga completa ya hoy 12 días sin recibir ningún tipo de solución a sus peticiones, en medio de este silencio damos a conocer a la opinión pública que los presos políticos y prisioneros de guerra, recluidos en el Centro penitenciario metropolitano de Cúcuta se unen a la jornada de desobediencia pacífica.

A continuación dejamos el comunicado emitido por el colectivo Adonay Quintero Perez: 

Anunciamos a la opinión pública nacional e internacional que apoyamos, respaldamos y nos unimos a la jornada de desobediencia  pacífica de carácter  indefinido emprendida el 09/Nov/2015 por l@s Prisioner@s Politic@s de guerra de las FARC-EP en cautiverio en las cárceles y penitenciarias del país para exigir al gobierno de Juan Manuel Santos Calderón la liberación inmediata de prisioner@s polític@s de guerra que se encuentran heridos, liciados, minusválidos, adultos mayores, mujeres gestantes y lactantes, que tienen graves problemas de salud, privados de la libertad en condiciones deplorables contrarias al Derecho Internacional Humanitario ( DIH ). 

Sin ninguna posibilidad de recibir tratamiento médico integral acorde a su condición humana, expuestos a tratos crueles inhumanos y degradantes, a la tortura física y psicológica, situación que pone en riesgo sus vidas y los demás derechos de carácter fundamental que le son inalienables y que el estado colombiano, pese a los niveles en que ha degradado la guerra interna, tiene la obligación de respetarlos y protegerlos. Por ello, pedimos un verdadero gesto de paz por parte del gobierno como es la liberación humanitaria de prisioner@s polític@s de guerra que se enfrentan al drama de la prisión en estás condiciones. 

Ya es hora de que el gobierno pase del discurso a la práctica, porque mientras que habla de paz no ha hecho otra cosa que arreciar la guerra y la represión no sólo contra la oposición política sino contra el pueblo en general. 

Un vivo ejemplo de la violencia institucional es la crisis carcelaria en el sistema penitenciario colombiano, donde más de 156 mil personas privadas de la libertad somos sometidas a unas condiciones inhumanas de cautiverio donde la cifra de muertos por inasistencia médica sigue en aumentando en total impunidad.

No podemos seguir esperando que nuestr@s camaradas se conviertan en mártires o víctimas del entramado criminal y corrupto en que se han convertido las instituciones del Estado siendo el Inpec un ejemplo donde se violan sistemáticamente los derechos humanos y se legitiman políticas cínicas y cobardes para hacer prevalecer el desprecio por el ser humano. 

Tampoco   podemos abandonar a nuestr@s camaradas frente al carrusel de la muerte en que se ha convertido el sistema de salud para los colombianos, que con saña de clase discrimina a los pobres, es decir, a las mayorías,  haciendo del derecho fundamental a la salud un verdadero negocio. 

Qué podemos esperar si el Estado y su clase gobernante no respetan ni acatan las sentencias de sus propias cortes, prueba de su ilegitimidad, desconociendo los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la misma constitución que de por si, es de tinte neoliberal. 

Esto es una verdadera contradicción del gobierno Santos que tanto defiende a su democracia, a su modelo económico, demostrando en la práctica que la clase burguesa de este país difiere de la posibilidad de permitir por la vía electoral o civilizada un periodo de transición política que posibilite la inclusión de las mayorías empobrecidas de nuestro país.

Todos los análisis nos permite concluir que  sus dispositivos ideológicos y políticos impulsados por el imperialismo norteamericano acentúan una política de guerra disfrazada de cordero, que sólo busca en la mesa de negociaciones reducir al máximo la resistencia popular, su voluntad de lucha e  imponer el desarme quebrantando cualquier proyecto de poder para el pueblo. Como si el fusil fuese las causas del conflicto.

Se equivocan si piensan que reprimiendo a los prisioner@s polític@s de guerra van a doblegar nuestra voluntad de lucha, ese plan de odio ha fracasado, y el gobierno no puede seguir evadiendo  la responsabilidad que le compete en la crisis social, la miseria y la pobreza de millones de colombianos. 

En este sentido las cárceles son un reflejo de la supuesta democracia, convertidas en cementerios de seres vivos, despojados de sus derechos, víctimas de un modelo económico excluyente, discriminatorio y clasista. Donde los prisioner@s polític@s de guerra nos mantenemos en pie de lucha, combatiendo el odio de clase como la mejor forma de aportar en la construcción de la paz, y contrarrestar esas políticas creadas por el Estado opresor, neoliberal y corrupto. 

Así las cosas, es lo  más sensato que el gobierno sea consecuente con los esfuerzos realizados por las FARC-EP en la mesa de la Habana y en un gesto humanitario libere l@s prisioner@s polític@s de guerra que se encuentren enfermos, heridos, mujeres lactantes y gestantes, minusválidos y adult@s mayores, que se encuentran en las prisiones de Colombia.

Advertimos la imperiosa necesidad de darle soluciones de fondo a la crisis humanitaria en las prisiones del país y el desescalamiento del andamiaje jurídico ensamblado para utilizar la justicia como un arma de guerra contra el enemigo interno. Que fracasó agudizando la sistemática violación a los derechos humanos.

Como prisioner@s polític@s de guerra del Ejército Popular de Liberación reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por destruir el Estado reaccionario y la conquista de la paz y la justicia social.

De igual forma reafirmamos nuestra lealtad a nuestro Ejército Revolucionario en su tarea de construir Poder Popular, y, nuestro compromiso con la paz, reiterando las conclusiones del XVII Congreso del P.C.C.(M-L)  cuando advierte que mientras persistan las causas que originaron el conflicto social, político y armado, la validez y vigencia de la lucha armada se mantiene en el país. No es un asunto de malas o buenas voluntades, las guerrillas son una respuesta política y militar de nuestro pueblo a una política que atenta contra sus derechos, libertades y autodeterminación . 

Por ello, el EPL ha propuesto al gobierno extender los diálogo al conjunto del movimiento guerrillero y en general abrir plenas garantías para un amplio debate político nacional que permita a todos los sectores sociales y políticos participar de la discusión de los problemas y soluciones que reclama el país. 

Insistimos en una verdadera apertura democrática; convocar una asamblea nacional constituyente de amplio contenido democrático y popular; condiciones mínimas para el diálogo, destacar el delito político y el carácter beligerante de la guerrilla. Sin embargo el gobierno vocinglero de Santos, resulta poco creíble en su empobrecida demagogia de paz.

Porque se le acaba el tiempo, mientras que la lucha de clases agudiza la confrontación de las masas contra el régimen. Por todo esto, conquistar la paz es una tarea de primer orden, y desde las cárceles seguiremos construyendo caminos de lucha hasta alcanzar la justicia social.