Las organizaciones y personas abajo firmantes expresamos nuestra PREOCUPACIÓN por la discusión de la ley proyecto de ley 284/20 Senado 199 de 2019 Cámara “Por medio del cual se modifica la ley 1448 de 2011 ampliando por 10 años la vigencia de esta”. Esta iniciativa legislativa si bien representa un gran avance para la reparación a las víctimas del conflicto armado colombiano en tanto cumple con la orden de la Corte Constitucional1 , no puede desviar su objetivo para incluir disposiciones que puedan afectar los derechos y garantías de las víctimas de despojo y abandono Forzado y poner en riesgo la restitución formal y material de los predios, así como el goce efectivo del derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición. Cabe recordar que, con corte a 30 de junio de 2020, del total de solicitudes de restitución, tan sólo el 5,5% habrían sido resueltas por un juez.

En primer lugar, cabe indicar que la implementación de la Ley 1448 de 2011 aun está lejos de haber logrado la superación de las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas, la cual incluso se ha ido agravando ante la continuidad de los hechos de violencia sociopolítica, conflicto armado y los efectos económicos de la pandemia generada por el COVID-19. En efecto, a la fecha ninguno de los componentes de la reparación a las víctimas ha logrado un cumplimiento integral de la ley.

Según el informe presentado por el Gobierno el pasado mes de julio, el Registro Único de Víctimas da cuenta de que para 30 de mayo de 2020 la inclusión de víctimas individuales fue de 9.014.766 y 779 sujetos de Reparación colectiva (SRC). Tan solo en materia de indemnizaciones puede decirse que históricamente han sido indemnizadas 1.072.031 víctimas (por vía administrativa y judicial). Lo que indica que menos del 13% había recibido la medida de reparación a un año de terminar la vigencia prevista de la ley.

Por lo anterior, solicitamos a los honorables senadores de la Comisión Primera del Congreso de la República que cumplan el mandato de la Corte Constitucional y se prorrogue la vigencia de la Ley de Víctimas sin introducir cambios que limiten o cercenen los derechos establecidos en la misma.

En ese sentido, con profunda preocupación, hemos tenido conocimiento de una proposición radicada por el senador Eduardo Emilio Pachecho del partido Colombia Justa Libres, y respaldada por el Centro Democrático y otros partidos de gobierno, que pretende equiparar a los segundos ocupantes, que no han demostrado su buena fe exenta de culpa, con los legítimos reclamantes de los predios despojados; lo que podría terminar beneficiando a despojadores de tierras y sus testaferros, desnaturalizando por completo el espíritu de la ley 1448 al debilitar las garantías procesales de las víctimas despojadas. Demandamos de los honorables senadores y senadoras, votar NO a tal gravísima proposición.

Además exigimos, que para el fortalecimiento de la Ley de Víctimas se tengan en cuenta al menos los siguientes elementos: Primero, reforzar el financiamiento de la política de víctimas que garantice un enfoque de goce efectivo de derechos ya que según la Contraloría General de la Nación se necesitan 357.4 billones a 2030 para el cumplimiento efectivo de la ley. Segundo, se debe fortalecer un enfoque integral de la reparación y transformación de las condiciones de existencia de las víctimas, sin desconocer la necesidad de mantener y financiar medidas asistencia ante la continuidad de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en el país. Y tercero, se debe adoptar un régimen de protección de las víctimas que garantice adecuadamente sus derechos.

Quienes firmamos este comunicado solicitamos que el debate político sobre la ley de víctimas, busque garantizar a las víctimas su acceso a la la verdad, la justicia, la reparación integral, así como a la necesidad de consolidar la paz duradera y estable, que tanto anhela la sociedad colombiana.

Cordialmente,

Conoce aquí las organizaciones firmantes.