Gobierno Duque finge la paz, reinventa la guerra y retrocede en derechos humanos: Plataformas de Derechos Humanos.

Alerta por regresión del país en materia de derechos humanos y pérdida de la paz

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La existencia del paramilitarismo y las diversas formas como se ha manifestado ha sido una constante en la formación social y política de nuestro país, por lo menos en los últimos sesenta años; hasta el punto que en el marco de los Acuerdos de Paz el Estado aceptó tácitamente su existencia y persistencia, así como la necesidad de avanzar en una política que desmantelara efectivamente el fenómeno, reconociendo la complejidad del mismo y sus relaciones con otro tipo de actores políticos, económicos y sociales que han actuado como encubridores, impulsadores y beneficiarios de sus acciones.

En efecto, el paramilitarismo ha contado con la complicidad e impulso de servidores públicos, políticos y grupos económicos que se han involucrado en su accionar y se han beneficiado política y económicamente de las dinámicas de control sobre el territorio, la economía local y el mantenimiento del statu quo. Tal ha sido el nivel de responsabilidad histórica del Estado colombiano con el funcionamiento de estos grupos, que la Corte  Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que el Estado posee responsabilidad en el origen y mantenimiento de las estructuras paramilitares porque generó normas que soportaron la creación y actuación de estos grupos[2],  colaboró en su accionar desde la Fuerza Pública y otras instituciones estatales que facilitaron la comisión de graves violaciones a los derechos humanos[3], y no adoptó medidas efectivas para desmantelarlo, lo cual ha ocasionado la perpetuación de dichas estructuras.

Ante esta realidad el Estado se vio obligado a reconocer la existencia de tales grupos, pero intentó ocultar su naturaleza disminuyéndola a un fenómeno de autodefensa con las cuales negoció un proceso de desmovilización, que no ocasionó desestructuración completa ni una real transición[4], ni brindó garantías de justicia, verdad, reparación y no repetición para las víctimas, y facilitó la mutación en distintas estructuras que hoy, catorce años después, mantienen poder y control en amplias regiones del país[5].

Por ello el Acuerdo de Paz incluyó la creación de una ruta para el desmantelamiento efectivo de los grupos sucesores del paramilitarismo y dotó a la institucionalidad colombiana de mecanismos robustos dirigidos a desmantelar un fenómeno complejo como ese, y brindar garantías de seguridad a comunidades, líderes y población reincorporada. No obstante, El Gobierno lejos de darles aplicación, se ha concentrado en dar continuidad a discursos paralelos a lo consagrado en el Acuerdo, que reducen las dinámicas de la violencia de los grupos sucesores del paramilitarismo, bajo dos lecturas diferentes en torno a los Grupos Armados Organizados, y a los Grupos Delictivos Organizados, a los cuales relacionan únicamente con economías ilegales dejando de lado el vínculo que las estructuras paramilitares han mantenido históricamente con el Estado y con grupos económicos y políticos legales[6].

Lo anterior se agrava en un contexto en el cual se ha observado el surgimiento y expansión de grupos armados, que en su intento por copar los espacios dejados por las Farc-ep han ocasionado un aumento en las cifras de homicidios, desplazamiento forzado y confinamiento de comunidades, así como se han hecho con el control de actividades económicas legales e ilegales (narcotráfico, extorsión, sicariato y trata de personas, entre otras), y han continuado tejiendo alianzas con servidores públicos, miembros de las Fuerzas Armadas y gobiernos locales[7].

En efecto, la Defensoría del Pueblo ha estimado que la dinámica paramilitar ha mutado a la profusión de grupos que operan en los territorios bajo diversas denominaciones que se aprovechan de economías legales e ilegales a nivel regional, y que a través de redes locales mantienen el control, vigilancia y conocimiento del territorio aprovechándose de la superposición de violencias que permite su mimetización con la delincuencia común y dificulta su identificación[8].

De igual forma se ha registrado que estos grupos han evolucionado a estructuras más complejas, fruto de su articulación con carteles y mafias internacionales que han provocado, a su vez, afectaciones particulares a las personas que se han acogido al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito tales como amenazas, extorsiones e incluso homicidios[9].

Al respecto la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) ha contabilizado el asesinato de 47 de sus integrantes entre enero de 2017 y el 10 de diciembre de 2018, por parte de grupos armados[10].

Asimismo, de las 805 agresiones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales registradas en 2018 por el Programa Somos Defensores, se estima que cerca del 55% fueron cometidas presuntamente por estos grupos[11], y sólo en el primer trimestre de este año 146 de las 245 agresiones registradas se le atribuyen a estas estructuras[12].

Con este trasfondo se hace imperativa la puesta en marcha del entramado institucional que el Acuerdo de Paz consigna para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo. Sin embargo puede observarse una clara falta de voluntad política del Gobierno Nacional para implementar lo acordado. Esto se evidencia en la falta de impulso al funcionamiento efectivo de varios componentes del Acuerdo, la desarticulación normativa e institucional de otros, y la creación de estrategias paralelas a los instrumentos contemplados.

El Acuerdo de Paz dispone de la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) con el objetivo de establecer condiciones para consolidar la participación democrática en el país[13], el cual tiene la función de garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política y de la defensa de los derechos humanos. Dentro de este se erigen dos instancias coordinadoras que han sido ignoradas por el actual gobierno. En efecto, la Instancia de Alto Nivel (IAN) a pesar de haber sido creada e instalada en febrero de 2018 siendo aún Presidente Juan Manuel Santos[14], no ha sido convocada en el primer año de gobierno del actual Presidente, por lo que su labor de conducción y armonización de las políticas públicas y normativas sobre garantías de seguridad no se está realizando, lo que supone a su vez la inoperatividad de otros componentes del Sistema.

Por su parte, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CGS), instancia asesora de coordinación y articulación intersectorial creada por el Decreto Ley 154 de 2017, que tiene como uno de sus objetivos centrales la formulación y evaluación de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones consideradas sucesoras del paramilitarismo, ha sido convocada sólo dos veces en el actual periodo presidencial, aun cuando debería hacerse una vez al mes[15].

Lo anterior, redunda en que a la fecha no se haya producido siquiera un plan de trabajo interno de esta instancia que permita entrever el camino para la formulación de la mencionada política. Por el contrario, el Gobierno ha decidido crear lo que parece ser una instancia paralela y reducida de la CNGS que excluye la participación de la sociedad civil y posee una clara predominancia de instituciones de defensa[16], por medio del llamado PAO, que promete impulsar una política de garantías a la líderes y lideresas, pero que deja de lado una comprensión integral de los fenómenos que causan las agresiones contra estos, y en consecuencia omite la necesidad de avanzar en el desmantelamiento del complejo paramilitar que se ha constituido en uno de sus principales victimarios.

A la par con tal paralización, se resalta la inactividad estatal frente a instrumentos de garantías de protección comunitaria que se derivan del Acuerdo de La Habana, como el contenido en el Decreto 660 de 2018 o “Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios”; normativa que dota de herramientas al Estado para tomar decisiones frente a las situaciones de riesgo que pueden constituir amenazas de violaciones a los derechos humanos, a la vida, integridad, libertad y seguridad en las comunidades y organizaciones en los territorios rurales. Este Decreto aún no da resultados tangibles y su único avance se reportó en el gobierno anterior, cuando fueron seleccionadas cuatro comunidades de igual número de municipios en las cuales se comenzaron a implementar planes piloto que si bien agotaron la fase de concertación de medidas de prevención y fortalecimiento a comunidades para mitigar riesgos, lo cierto es que más de un año después de haberse concertado no han sido implementadas. Asimismo, no se encuentran en funcionamiento las instancias nacionales de coordinación que contempla el decreto, como lo son sus Comités Técnicos.

Otro instrumento normativo de vital importancia es el Decreto 2124 de 2017 que crea el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida, el cual sólo en el año 2018 emitió un total de 92 alertas tempranas y 22 en el primer trimestre de 2019, llamando con ellas la atención de autoridades civiles y del sector seguridad y defensa al advertir los riesgos en que se encuentran los pobladores de cientos de municipios y poblaciones analizadas por la Defensoría del Pueblo, sin que esto esté trayendo como consecuencia una mayor coordinación institucional para responder a estos llamados. En ese mismo periodo de tiempo, 132 personas con liderazgo social han sido asesinadas en los municipios sobre los cuales la Defensoría del Pueblo había emitido alguna de estas Alertas. El Decreto 2124 otorga al Ministerio del Interior la responsabilidad de convocar las sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), que si bien se ha venido reuniendo no ha logrado hacer trascender su funcionamiento más allá de los escenarios de una importante rendición de cuentas pero con poca capacidad de articulación institucional para desarrollar acciones concretas que mitiguen los riesgos advertidos.

De otra parte es necesario recordar que el cumplimiento del deber de investigar, juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos es una de las garantías de las víctimas sobre no repetición. En razón de ello y de la necesidad de impulsar investigaciones dirigidas al desmantelamiento del fenómeno paramilitar, que incluye sus estructuras políticas y económicas y no solo las militares, en virtud del Acuerdo de Paz se creó la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación, la cual debía asumir todas las competencias necesarias para avanzar en tal propósito. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación impulsó una reforma que limitó la acción de dicha unidad y le otorgó la función de investigar principalmente los casos de homicidios a personas reincorporadas de las Farc-ep, labor de gran importancia pero insuficiente para avanzar en el desmantelamiento de dichas estructuras.

Por todo ello es necesario insistir que la CNGS es la instancia que desde su papel coordinador en el Sisep posee las funciones de formular y evaluar un plan de acción permanente para el desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo. Su parálisis deriva en un funcionamiento no articulado del Sisep, y en que la dinámica paramilitar siga siendo entendida como un accionar aislado de los grupos políticos y económicos hegemónicos aun cuando, como ya se ha mencionado, el Estado ha facilitado su estructuración. Esto termina trayendo investigaciones y acciones policivas y militares que han demostrado ser insuficientes para atacar el origen del problema y ponerle fin.

[1] “Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” contenido en el punto 3.4 del Acuerdo de La Habana

[2] Corte IDH, Caso de los 19 comerciantes vs. Colombia, Sentencia de 12 de junio de 2002, párr. 84.

[3] Ibíd., párr. 86. Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 78

[4] Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. Dejusticia. ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia. Bogotá D.C., Dejusticia, 2006, p. 184-185.

[5]Comisión Colombiana de Juristas. Organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Lecciones para aprender del eterno retorno de la guerra. CCJ: Bogotá D.C., 2018, pág. 41.

[6] Ministerio de Defensa. Directivas Permanentes 0015 de 2016 y 0016 del 17 de mayo de 2016.

[7] Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). XIII informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares. Primer semestre de 2017. Indepaz, Bogotá D.C., 2017, p. 21-23.

[8] Defensoría del Pueblo. Alerta Temprana 026 de 2018, p. 34.

[9] Ibíd.

[10] Ibíd. 292 Coccam, “Informe Nacional Sobre Violación de Derechos Humanos en La Implementación del Punto 4. Solución al problema de las drogas ilícitas”, 10 de diciembre de 2018, página 2. En él se menciona además que todos los miembros de la instancia nacional de la Coccam están amenazados de manera individual y colectiva, y que 5 de los 12 integrantes de la Comisión Política Nacional se encuentran en condición de desplazamiento forzado.

[11] Programa Somos Defensores. Informe anual 2018: La Naranja Mecánica, 2019, p. 88.

[12] Programa Somos Defensores. Boletín Trimestral Sistema de Información sobre Agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en Colombia, Siaddhh, 2019, p. 4.

[13] Decreto 895 de mayo 29 de 2017

[14] http://www.garantiasdeseguridad.gov.co/Paginas/ian.aspx

[15] A la fecha de entrega de este artículo, si bien la segunda sesión de la CNGS había sido convocada, aún no se había desarrollado. Sobre su periodicidad, Decreto Ley 154 de 2017, art. 5

[16] Colombia 2020, ““El plan para proteger a líderes es totalmente militarista”: Plataformas de DD.HH.”, 5 de febrero de 2019. Disponible en: https://colombia2020.elespectador.com/pais/el-plan-para-proteger-lideres-es-totalmente-militarista-platafor-mas-de-ddhh.