Hemos decidido interponer una acción de tutela porque consideramos necesario que el juez constitucional defienda los derechos de esta población en constante riesgo y se pronuncie sobre el contenido, alcance y las obligaciones del Estado colombiano respecto del derecho a defender DDHH.
El Paro Nacional convocado desde el pasado 21 de noviembre de 2019 ha sufrido una antesala de agresiones, estigmatizaciones y señalamientos que ha afectado el goce efectivo del derecho de reunión y asociación, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia.
Como conclusión de la audiencia la JEP consideró en estado de alto riesgo los cementerios de San Onofre.
Solicitan que se investigue la relación de la Fuerza Pública con posibles actos de incitación al pánico ciudadano.