Denunciamos que los días 10 y 11 de septiembre la Policía Nacional una vez más reprimió el derecho a la protesta social, realizó acciones de perfilamiento y agredió a los defensoras y defensores de derechos humanos.
La suspensión inmediata de estos funcionarios debe darse para prevenir que los hechos del 9 de septiembre vuelvan a repetirse.
Expresamos rechazo a las manifestaciones estigmatizantes y criminalizantes que deslegitiman la movilización social.
Acudimos con URGENCIA y PREOCUPACIÓN ante los organismos intergubernamentales de Derechos Humanos, a efectos de poner en su conocimiento los graves hechos de uso excesivo de la fuerza y abuso de poder por parte de la Policía de Colombia, a través de los cuales se ha atentado contra los derechos a la vida e integridad personal de ciudadanos(as) colombianos(as).