Este 17 de septiembre el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, parte civil del proceso adelantado contra el jefe paramilitar Héctor Germán Buitrago Parada, fue notificado, por parte del Juzgado Once Penal de Circuito Especializado de Bogotá, de la sentencia anticipada proferida el 30 de agosto en contra de alias MARTIN LLANOS, como coautor impropio de los delitos de secuestro extorsivo agravado, tortura, desplazamiento forzado y hurto agravado y calificado. Se trata del proceso iniciado a raíz de los hechos ocurridos en Febrero de 2002, cuando un grupo de paramilitares rapta y somete a actos de tortura a Gilberto Edgar Torres Martínez, cuando era secretario general de la subdirectiva de la Unión Sindical Obrera, y quien hoy, por estas razones, se encuentra en el exilio.

El Juzgado pone en evidencia “que el secuestro de Gilberto Torres y los demás delitos relacionados con éste, fueron motivados por su activismo sindical, dada su condición de dirigente, por los efectos que causaba a las empresas  interesadas en la marcha normal del bombeo de crudo, por lo que consideraron conveniente quitar del camino a quien ponía en riesgo sus intereses económicos”.

En la sentencia también se destaca “el hecho de encontrar como suficientemente soportado que la condición de sindicalista de Gilberto Torres fue factor determinante, para que los paramilitares  lo hicieran víctima  de continuas amenazas, y, posteriormente, con la aquiescencia de personal de la multinacional OCENSA le restringieran su libertad de locomoción, situación que se ve corroborada con los medios de convicción recién aludidos, por el etiquetamiento que se suele cernir sobre los líderes de las agremiaciones sindicales”.

Además, el Juzgado dedica parte de la sentencia  al testimonio del sindicalista, en el que éste expresa los vejámenes de los que fue objeto durante el cautiverio por cuenta de las llamadas “Autodefensas Campesina del Casanare”, dando relevancia a que el sindicalista fue víctima de tortura.

Ahora la justicia debe avanzar en la investigación de responsabilidad de los beneficiarios y autores mediatos de los graves delitos cometidos contra el dirigente sindical. Los pronunciamientos de la judicatura en el caso evidencian que la orden provino de funcionarios de las petroleras OCENSA y ECOPETROL.