La forma como la Fuerza Pública interviene protestas y movilizaciones arrastra un historial preocupante de repertorios de violencia.
En un informe publicado en el día de hoy se evidencia una política sostenida de uso indebido de la institucionalidad para tratar de silenciar la defensa de DDHH.
Hemos decidido interponer una acción de tutela porque consideramos necesario que el juez constitucional defienda los derechos de esta población en constante riesgo y se pronuncie sobre el contenido, alcance y las obligaciones del Estado colombiano respecto del derecho a defender DDHH.
Solicitan que se investigue la relación de la Fuerza Pública con posibles actos de incitación al pánico ciudadano.