La propuesta de la sociedad civil le da un valor fundamental a los derechos a la verdad, reparación, justicia y garantías de no repetición de las víctimas mediante el rediseño de los instrumentos de sometimiento a la justicia y reinserción. Asimismo, propone la necesidad de crear herramientas de seguimiento y evaluación, que no han sido contempladas en otras políticas, lo que no permite hacer el control y veeduría ciudadana necesaria para asegurar la implementación efectiva del Acuerdo.