A finales del año 2015, el país conoció que tras cumplirse tres años desde su inicio, el proceso de paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional había conllevado un significativo ahorro de vidas, pues había prevenido la muerte de por los menos 1.500 personas a causa del conflicto armado. Comparando el periodo 2012-2015 con el período de implementación de la Política de Seguridad Democrática (agosto 2002-octubre 2012) no sólo habrían muerto 1.572 combatientes menos, tanto de las Fuerzas Armadas como de la insurgencia, sino que también se ha preservado la vida de 499 civiles.