Las organizaciones de la sociedad civil y las personas abajo firmantes dirigimos este comunicado a la opinión pública y a la Corte Constitucional, con el fin de expresar nuestro respaldo a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Consideramos que su creación por el Congreso de la República mediante el artículo 3 del Acto Legislativo 01 de 2017 y su posterior organización por el Decreto Ley 589 de 2017 es un avance importante en la satisfacción de los derechos de las víctimas a conocer el paradero de sus familiares y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en la materia, exigidas continuamente por los movimientos sociales y de víctimas.